La posibilidad de que Guatemala sea un tercer país seguro ha sido rechazada en esa nación, sobre todo porque el Estado no ha tenido la capacidad de ofrecer seguridad a sus habitantes, 262 mil 593 de los cuales huyeron hacia EE.UU. en los últimos 10 años, precisamente a pedir la protección que su patria no les brindó.
De acuerdo con las estadísticas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el incremento de los guatemaltecos que pidieron asilo en EE. UU. fue gradual desde el 2010 cuando apenas solicitaron ese alivio migratorio 362 personas, un año antes lo habían hecho ocho mil 528.
Sin embargo, fue en el 2013 cuando hubo una fuerte aumento de más de 750% en las solicitudes que cerraron en ocho mil 168. Luego, en el 2017 se registró otro importante aumento cuando 71 mil 443 guatemaltecos pidieron asilo.
El año pasado, Guatemala fue el tercer país del mundo (84 mil 848), detrás de El Salvador (101 mil) y México (85 mil 596), con más solicitudes de asilo que sus ciudadanos presentaron en EE.UU., y aventajó a países como Venezuela, China, Honduras, India, Ecuador y Haití.
Preocupación
Al tomar en cuenta que, en una década, más de un cuarto de millón de guatemaltecos han huido a EE.UU. a pedir asilo, el cual se le otorgó a 83 mil 601 en el mismo periodo, alarma el bloqueo a las solicitudes de ese alivio migratorio que anunció este 15 de julio el gobierno de ese país.
La administración de Donald Trump informó que impedirá otorgar el asilo a los migrantes que no lo soliciten antes en un “tercer país seguro”, en un nuevo intento de reducir el flujo migratorio en la frontera con México, procedente principalmente de Centroamérica.
“Un extranjero que entre o intente entrar en EE.UU. a través de la frontera sur después de no haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a EE.UU. no es apto para asilo”, señaló la nueva orden publicada en el Registro Federal y que entrará en vigor este martes.
La normativa fue presentada por el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional, informó Prensa Libre.
