El Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica ha despedido a 15 funcionarios por acoso sexual, además investiga a otros 65 por la misma causa este 2019.
Así lo indicaron en la institución tras la consulta de DIARIO EXTRA. Señalaron que 60 de los investigados son docentes y 5 del área administrativa.
“En lo que va del 2019 se han despedido 15 funcionarios por haberse acreditado la comisión de faltas constitutivas de hostigamiento sexual”, manifestaron en la Unidad de Procedimientos Especiales del MEP.
Entre las medidas adoptadas en esa entidad está la suspensión con goce salarial, sin embargo primero se debe llevar a cabo una valoración de cada caso en concreto para determinar si es necesario aplicarla.
Esto debido a que es una medida de carácter excepcional y provisional que debe ser adecuadamente fundamentada.
“Actualmente hay 8 funcionarios en cuyos casos se acordó adoptar la suspensión con goce de salario como medida cautelar”, apuntaron en el MEP.
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Al preguntarles por el monto que pagaban cada mes a cada uno de ellos, respondieron que dependerá del puesto en que estén nombrados.
Aunado a ello, manifestaron que el periodo de suspensión varía dependiendo de la fecha de interposición de la denuncia y vence hasta que se dé el pronunciamiento final sobre las diligencias disciplinarias respectivas.
Sobre si es o no legal ese tipo de suspensiones, en el MEP explicaron que el artículo 24 de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y su reglamento prevé la adopción de esa medida cautelar con goce de salario “donde se considera perjudicial la permanencia del servidor en el puesto, de ahí que dicha medida es legal”.
“En estos procedimientos, la medida cautelar debe ser tomada con carácter urgente y es muy útil para evitar la revictimización, permite que ya no se puedan ver ni relacionar y por ende que el acosador no tenga la oportunidad de continuar acosando a la víctima o perturbándola”, acotaron en la Unidad de Procedimientos Especiales del MEP.
El Periódico del Pueblo consultó a la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) si estaba de acuerdo con las suspensiones con goce salarial y fueron claros al decir que se debe llevar a cabo el proceso respectivo, hasta que se declare culpable o no al funcionario.
“Hay un procedimiento judicial que se sigue, existe una ley y mientras un juez no haya declarado culpable a un funcionario ellos deben continuar pagando sus deudas y otras situaciones económicas”, dijo Gilberto Cascante, presidente de la organización sindical.
Además, adujo que será el juez quien defina cuánto dinero le deben devolver al Estado los docentes una vez juzgados.
