“Exigimos justicia por el asesinato sin sentido de Claudia Patricia Gómez González. Ha pasado más de un año y el gobierno de los Estados Unidos todavía no ha responsabilizado a la agencia o al agente que le disparó y la mató como responsable”, afirmó Andre Segura, director legal de la ACLU de Texas, en un comunicado.
La organización, una de las más grandes e influyentes en EE.UU., considera “crucial” que el gobierno rinda cuentas del hecho, por lo cual buscarán por todas las vías que se haga justicia para evitar muertes en similares circunstancias en el futuro.
Gómez, de 20 años, había migrado desde San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango (Guatemala), 17 días antes de que fuera ultimada en la zona fronteriza de EE.UU. y México. Se había graduado de perito contador, pero no encontró empleo por lo cual decidió migrar ya que anhelaba construir una vivienda y apoyar a su familia.
Era la mayor de tres hermanas y en la comunidad donde vivía, Unión Los Mendoza, era conocida por ser una buena persona, amable y colaboradora.
La demanda se presentó en conjunto con el bufete de abogados Kirkland & Ellis LLP, cuyo socio, Dmitriy Tishyevich, expuso que “Claudia merece la protección total de la ley, como todos los demás. Esperamos lograr justicia para Claudia y su familia”.
El reclamo busca una indemnización por US$100 millones.
Los hechos, según la demanda
La reclamación del 23 de mayo precisa que Claudia viajaba en la calle Centeno Lane, en Río Bravo, junto con otras personas, cuando fueron enfrentados por un guardia de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) quien le disparó en la cabeza a la joven migrante quetzalteca, pese a que esta “no tenía armas ni nada” que pudiera representar ni remotamente una amenaza.
También señala el documento que después de la muerte de la joven, la CBP emitió un comunicado de prensa en el cual afirmaba que el grupo de migrantes, entre ellos Claudia, había atacado al agente fronterizo con objetos contundentes; no obstante después se retractó de esa declaración y emitió un nuevo boletín sin esos señalamientos.
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Aclu cita en el comunicado declaraciones de los padres de Claudia, quienes exigen justicia por la acción del agente de la CBP a quien consideran el responsable de su muerte.
“Siempre tendremos un vacío en nuestros corazones porque un agente del gobierno de los Estados Unidos tomó la vida de Claudia de una manera tan horrible e innecesaria”, declaró Gilberto Gómez Vicente, su padre.
Aclu expuso que la acción presentada el 23 de mayo es un reclamo administrativo bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, y que un requisito previo para presentar una demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos por daños cometidos por sus agentes y empleados.
Si el reclamo no se resuelve dentro de seis meses, los padres de Claudia pueden demandar al gobierno en un tribunal federal, donde también pueden presentar reclamos individuales contra el oficial que le habría disparado en la cabeza.
¿Qué es Aclu?
La Unión Americana de Libertades Civiles es una de las organizaciones más grandes de EE.UU. que a diario ve casos legales en las cortes para defender los derechos individuales y libertades de las personas, dice su sitio web.
El año pasado durante la crisis generada por la separación de familias, Aclu presentó, con éxito, una acción legal en la corte de San Diego que emplazó a la administración de Donald Trump a reunificar a todas las familias.
Recientemente también demandó a la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) por el traslado de cientos de migrantes de una cárcel de Orange, California, a un centro de detención fuera del estado.
También formó parte de una coalición que a inicios de mayo demandó al gobierno de Trump por negar fianzas a solicitantes de asilo, y la semana pasada presentó otra en contra del plan de emergencia del mandatario estadounidense que pretende desviar fondos del Pentágono para la construcción del muro fronterizo.
Fuente: Prensa Libre
