La Justicia de Perú ordenó este sábado la medida de arresto domiciliario para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), por su presunta vinculación al caso Odebrecht.
La decisión fue dictada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional que dispuso anular la orden de prisión preventiva por 36 meses contra Kuczynski que dictó el juez Jorge Chávez Tamariz.
Adicionalmente el órgano de justicia impuso algunas reglas a Kuczynski, como el pago de una caución económica de 100.000 soles (unos 30.300 dólares).
El tribunal también estableció que el ex gobernante cumple la medida en su casa ubicada en zona de San Isidro de la capital peruana. Igualmente le impuso el cumplimiento de una serie de reglas de conducta.
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Dentro de las condiciones impuestas por la corte, está la prohibición de comunicarse con sus coimputados Gloria Jesús Kisic, José Luis Bernaola y Gerardo Sepúlveda.
#Perú @Poder_Judicial_ dispone detención domiciliaria para el expediente @ppkamigo Y revoca auto de primera instancia que declaró fundada su prisión preventiva.
Kuczynski es acusado de lavado de activos y corrupción en el caso Lava Jato pic.twitter.com/BmlWRAIqov— Jaime Herrera (@JaimeteleSUR) April 27, 2019
La resolución también dispone que la custodia del procesado PPK estará a cargo de la Policía Nacional del Perú en forma permanente.
Este sábado, la hija de PPK, Alex Kuczynski informó que su padre sería sometido a "una cirugía de emergencia". En tanto que el abogado del ex mandatario, César Nakazaki, indicó que al expresidente se le colocaría un marcapasos.
Fuentes de la clínica indicaron a medios locales que la intervención se había realizado esta tarde y que "todo había salido bien".
PKK es señalado por la Justicia de presuntamente recibir pagos de Odebrecht por sus asesorías sobre algunos proyectos de infraestructura, cuando era ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
Kuczynski renunció a la presidencia el 21 de marzo de 2018, luego de haber sido difundido un video que comprometía a su Ejecutivo en el supuesto intento de comprar votos para evitar su destitución, en el marco de la investigación del caso Odebrecht.
