Este miércoles la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia en Honduras (CIPPDV) entregó al Parlamento un proyecto de ley para proteger a los desplazados en el país, donde unas 250.000 personas han tenido que abandonar su hogar entre 2004 y 2018.
La CIPPDV y organismos internacionales han liderado desde 2016 el proceso de construcción del proyecto entregado hoy al presidente de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento, Marcos Velásquez.
“Es nuestro deber reconocer esta problemática y no obviarla para enfrentarla”, dijo la ministra hondureña Karla Cuevas, quien explicó que el proyecto prevé la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Respuesta, que incluye medidas de protección y prevención.
Añadió que en ese proceso han conocido de primera mano historias de personas que han sido forzadas a dejar sus casas, su comunidad o su municipio a causa de la violencia e intimidaciones.
El proyecto también contempla un mecanismo de sistema humanitario, la protección de los derechos humanos, principalmente de bienes y patrimonio abandonado.
“Son las vidas de hondureños y hondureñas que debemos poner en el centro de nuestras acciones”, destacó la ministra.
Según cifras del estatal Comisionado de Derechos Humanos, unas 250.000 personas se vieron obligadas a abandonar su casa en Honduras por la violencia entre 2004 y 2018.
Velásquez sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos revisará el documento con “la celeridad del caso” para presentarlo lo más pronto en el pleno del Legislativo.
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Los hondureños abandonan su hogar por amenazas de muerte, asesinatos de familiares, extorsión y por el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por bandas del crimen organizado, según indicaron las autoridades del país.
El comisionado de Derechos Humanos, Roberto Herrera, dijo que una de las maneras “más eficaces y estratégicas” para prevenir, proteger, atender y encontrar soluciones duraderas para el desplazamiento forzado es tener “una ley idónea”.
La agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) elogió hoy el proyecto y lo calificó como un “avance hacia el establecimiento de las medidas necesarias para proteger y atender las necesidades de aquellos afectados por la violencia”.
La entrega del proyecto es el “punto de partida de un sistema sólido de atención integral al desplazamiento forzado, que facilitará la acción coordinada del Estado y le permitirá mejorar el impacto de las medidas de prevención del desplazamiento”, afirmó el representante de Acnur en Honduras, Andrés Celis.
La Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV) fue creada en 2013 y su mandato es impulsar políticas y medidas de respuesta para la prevención y protección de personas desplazadas por la violencia.
