La iglesia mexicana va a una cumbre sobre pederastia en el Vaticano con la revelación de que en los últimos nueve años hubo 152 sacerdotes suspendidos tras acusaciones de abuso a menores. Pero víctimas y especialistas consideran insuficiente la información brindada y reclaman acciones inmediatas.
En la reunión que convocó el papa Francisco del 21 al 24 de febrero para enfrentar el problema, la iglesia de México presentará sólo este número, que divulgó apenas el 11 de febrero, pues se desconocen detalles de los sacerdotes y el número de víctimas.
"Nosotros como conferencia no tenemos los expedientes internos de cada caso", dijo a la AFP monseñor Alfonso Miranda, vocero de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). "Adelantar un número [de víctimas] es decirlo sin tener los documentos en la mano".
Aunque el Episcopado se comprometió a tener un diagnóstico completo del tema, argumenta que en atención a las leyes mexicanas se reservan los datos de víctimas y probables responsables.
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Los líderes de 113 conferencias episcopales del mundo, así como superiores de las congregaciones y grupos de víctimas de curas pederastas fueron convocados por el pontífice argentino para la reunión extraordinaria, que tiene como primer objetivo que se tome conciencia del fenómeno.
"Esperamos normativas distintas y más eficaces [del encuentro], por una parte en el tratamiento de los delitos y por otra en la necesaria atención a la raíz del problema", dice Miranda.
– El fantasma de Marcial Maciel –
El tema es especialmente sensible en México, donde todavía se recuerda a Marcial Maciel (1920-2008), fundador de la poderosa congregación de los Legionarios de Cristo, quien fue acusado de abuso sexual y psicológico al menos desde la década de 1940 y posteriormente en 1997.
Hoy, los Legionarios de Cristo, que tiene centros educativos en varios países, se desmarcaron de su fundador y el nombre de Maciel está totalmente desacreditado.
José Barba, exlegionario de 79 años que fue víctima de Maciel y en 1997 uno de los primeros en denunciarlo, dijo que la más reciente revelación de los 152 sacerdotes sancionados "es una forma de ir gradualmente exhibiendo algo que es verdaderamente insoportable".
"Esto viene preparándose con más fuerza de los últimos años para acá, pero con una insistencia fuerte a partir de abril en Chile por la actitud que mostró el Papa", agregó.
Barba se refiere a las disculpas que ofreció el papa Francisco en abril de 2018 por haber defendido al obispo Juan Barros, acusado de encubrir los abusos del sacerdote Fernando Karadima en Chile.
De cara a la reunión en el Vaticano, Barba subraya que las disculpas no bastan. "Lo que hace falta ya no son disculpas sino cambios estructurales".
– El foco en las víctimas –
Entre los cambios urgentes en la iglesia están la necesidad de tener toda una política para atender a las víctimas.
"No ha habido suficiente política como para protegerlos y atenderlos, que eso sí es preocupante", dice Joaquín Aguilar, quien a los 13 años sufrió abuso del sacerdote Nicolás Aguilar, quien se estima tuvo más de un centenar de víctimas.
Joaquín Aguilar, de 38 años y quien hoy dirige una red de víctimas de abusos del clero, sostuvo que es necesario capacitar a quienes reciben las denuncias y a quienes hacen un acompañamiento a la víctima.
"A nosotros nos enseñan que Dios habla a través de ellos [los sacerdotes]. Tú como niño, cuando alguien abusa de ti, lo que crees es que en verdad Dios abusó de ti. De ese tamaño es el abuso y el daño", dice.
Aguilar afirma que es vital también conocer qué ha sucedido con los 152 sacerdotes sancionados, quiénes son las víctimas y si han recibido atención. "Son varios puntos que tendríamos que trabajar para que haya un verdadero cambio", dice.
Roberto Blancarte, especialista en temas religiosos, dijo que la transparencia que ha mostrado la iglesia mexicana es limitada.
"No tenemos claro cuántos de esos sancionados fueron sancionados con la pérdida de su ministerio sacerdotal, cuántos fueron entregados a las autoridades civiles, qué tipo de relación hay ahora entre la justicia eclesiástica y la civil", dice.
Blancarte señala que 152 casos en nueve años parece poco comparado con lo que ha sucedido en otros países y señala directamente al sistema judicial mexicano, que permite impunidad.
"El sistema judicial tendría que ser más efectivo para que también las denuncias en esta materia puedan proceder y puedan ser ventiladas", dice.
