Sao Paulo, 19 feb (EFE).- Al menos dos personas fueron detenidas este martes en una operación de la Policía Federal llevada a cabo en varias ciudades de Brasil, que investiga fraudes en licitaciones y contratos del Ministerio de Turismo y entidades paraestatales del país.
La Policía informó en un comunicado de que 213 agentes de la policía cumplen este martes 10 mandatos de prisión preventiva y otros 40 de registro y allanamiento para "desarticular" una organización criminal que practica delitos contra la Administración Pública, así como fraudes en licitaciones, asociación criminal y lavado de activos en siete estados de Brasil.
Uno de los detenidos es el presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil, Robson Braga de Andrade.
O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, foi preso nesta terça (19/Fev) por suspeita de participar de um esquema de corrupção envolvendo contratos com o Ministério do Turismo e entidades do Sistema S. Mais de R$ 400 mi teriam sido desviados. pic.twitter.com/59zzUMvQI3
— Atlântico (@AtlanticoMidia) February 19, 2019
Según las investigaciones, un grupo de empresas bajo el control de un "mismo núcleo familiar" actuó "de forma continua" desde 2002 y ejecutaba contratos firmados a través de convenios con el Ministerio de Turismo y entidades paraestatales del llamado "Sistema S", un grupo de nueve instituciones brasileñas financiadas por impuestos y destinadas a la capacitación profesional.
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De acuerdo con las autoridades, las empresas que son objeto de la operación son investigadas por la creación de empresas fachada.
"Ellos crearon empresas sin fines de lucro para dificultar la investigación", explicó el comisario Renato Madsen.
Se estima que dicho grupo haya recibido más de 400 millones de reales (85,03 millones de dólares) a raíz de esos contratos ilícitos, según la Policía.
Dichos contratos, en su mayoría orientados a la ejecución de eventos culturales y de publicidad, "eran sobrevalorados y/o con parcial falta de ejecución" y los recursos obtenidos a través de ellos eran "posteriormente desviados en favor del núcleo empresarial".
Además de los mandatos de prisión y registro y allanamiento, la Justicia brasileña autorizó también el bloqueo de los bienes y valores de los investigados.
