Lima, 29 ene (EFE).- El juez peruano Richard Concepción Carhuancho, que ordenó la prisión contra Keiko Fujimori, denunció este martes la desaparición de su hija de 13 años desde la noche de ayer en un distrito residencial de Lima.
El magistrado, que fue apartado este mes del caso abierto contra Fujimori, confirmó a medios locales la denuncia presentada en la comisaría de Surco sobre la desaparición de su hija menor.
De inmediato, la Presidencia del Poder Judicial expresó su solidaridad con el juez Concepción Carhuancho y exhortó a la Policía Nacional a actuar con la celeridad y el profesionalismo que la situación amerita, mediante un mensaje en Twitter.
La noticia de la desaparición de la menor generó una ola de respaldo, en redes sociales, al magistrado de parte de líderes políticos, plataformas de búsqueda de personas y medios de comunicación.
El director de la unidad de trata de personas de la Policía Nacional, Oscar Rodríguez, dijo a Canal N que la menor se retiró voluntariamente de su vivienda, la noche del lunes, y que por lo tanto "se descarta alguna acción violenta" en este caso.
Tras la retirada de Concepción Carhuancho del proceso contra Keiko Fujimori, investigada por presuntos aportes irregulares de la constructora brasileña Odebrecht a sus campañas electorales, colectivos civiles, estudiantes y grupos políticos han participado en varias manifestaciones para pedir su restitución.
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Ayer, lunes, la Primera Sala Penal de Apelaciones dejó "al voto" el pedido de recusación presentado por la Fiscalía contra los magistrados que retiraron al juez Concepción Carhuancho de la investigación contra la fundadora del partido Fuerza Popular.
Los jueces que retiraron a Concepción Carhuancho, integrantes de la Segunda Sala de Apelaciones Nacional, aceptaron, hace dos semanas, la recusación presentada contra el magistrado por el exministro fujimorista Jaime Yoshiyama, quien permanece en Estados Unidos como prófugo de la Justicia peruana.
La defensa de Yoshiyama argumentó que el juez adelantó opinión al declarar a medios sobre la investigación que se le sigue a Keiko y un grupo de personas vinculadas al partido Fuerza Popular.
En su resolución, los magistrados superiores consideraron que las opiniones de Concepción han creado dudas sobre su imparcialidad, ya que declaró "sobre hechos que tiene a su cargo como juez de garantías, efectuando afirmaciones concluyentes que aún son objeto de investigación, lo que implica adelanto de criterio a favor de una de las partes del proceso".
De esa manera, el proceso contra Keiko, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por presunto lavado de activos, ha quedado temporalmente sin juez, ya que la defensa de Fujimori ha pedido que se inhiba la magistrada Elizabeth Arias, que fue designada por el sistema judicial, que haber sido cliente suya en un caso anterior.
