La Paz, 16 ene (EFE).- El Gobierno boliviano instruyó investigar a un abogado acusado de torturar, extorsionar y amenazar de muerte a litigantes para obligarles a pagar unas deudas, un caso registrado en la región central de Cochabamba en el que podrían estar involucrados jueces y fiscales, anunció este jueves una fuente oficial.
El caso se conoció durante esta jornada por la difusión de unos videos en algunos medios y en las redes sociales en los que se ve al abogado Jhasmani T.L. lanzando golpes y patadas, y amenazando a gritos a dos hombres para exigirles que paguen una deuda.
El jurista no actúa solo, ya que en ambos videos se ve a grupos de personas que participan en las agresiones.
Se trata de un «consorcio dirigido por este abogado que ha involucrado presumiblemente a fiscales y jueces», dijo a los medios el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero.
«Hemos tomado la decisión de que los investigadores asignados a este caso sean investigadores del Comando Nacional de la Policía, no son investigadores locales de Cochabamba, dado que podría haber muchos nexos y muchas presiones en el caso de Cochabamba», agregó.
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Jhasmani T.L. ya enfrenta dos procesos penales y por uno de ellos se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de El Abra, en Cochabamba, explicó por su parte el fiscal departamental de esa región, Juan de la Cruz Vargas.
En uno de los procesos está acusado por los presuntos delitos de extorsión, secuestro y lesiones y la víctima es un mecánico.
En el segundo caso, el abogado es investigado por los delitos de organización criminal, robo agravado, coacción, vejaciones y tortura, donde la víctima es su propio padrastro, según la Fiscalía.
Según Vargas, hasta noviembre pasado una sola fiscal estaba a cargo de la investigaciones, ante lo cual dispuso la conformación de una comisión para reforzar el trabajo por la «complejidad de ambos casos y la relevancia de los hechos que se venían investigando».
El fiscal departamental indicó que como el abogado está en prisión, se presume que los hechos que muestran los videos «se habrían suscitado antes de su detención».
Vargas explicó que si bien no existen denuncias de las víctimas que aparecen en las imágenes, el Ministerio Público asumió de oficio las acciones correspondientes para obtener de forma legal dichos videos y analizarlos.
El funcionario instó a las personas agredidas a que denuncien estos hechos ante la Fiscalía y recordó que se cuenta con un programa de protección a las víctimas «que ya ha sido activado».
