Los latinos conforman el grupo que más sufrió el uso de la fuerza por parte de autoridades durante detenciones en California en 2017, y también el que más muertes presentó por esta misma causa, según un informe anual dado a conocer hoy por la Junta Asesora de Perfil Racial y de Identidad.
El reporte señaló que ese año los latinos presentaron 310 detenciones en las que autoridades hicieron uso de la fuerza, y 152 muertes como consecuencia de esas acciones de control.
El análisis recoge los datos ordenados por la ley de Perfil Racial y de Identidad (AB 953, conocida por las siglas RIPA) de 2015, que comenzó regir en California el 1 de enero 2016 y ordenó a todas las agencias de control de la ley que presenten informes escritos por cada detención civil que realicen.
También, esta ley ordenó que dichas agencias provean un sistema para denunciar abusos y creó la junta asesora también bajo el nombre de RIPA.
El segundo grupo que más sufrió acciones violentas por parte de las autoridades durante las detenciones fueron los blancos no hispanos, con 217 casos de uso de fuerza y 107 muertes.
Los afroamericanos ocuparon el tercer lugar, con 140 casos de uso de fuerza y 57 muertes, mientras los asiáticos sólo presentaron ocho detenciones con uso de fuerza y seis muertes.
"Nuestro acercamiento para implementar RIPA ha sido metódico y persistente", aseguró Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alianza San Diego y miembro de la junta asesora.
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"Estamos decididos a aumentar la seguridad pública para todos los californianos y juntos lo haremos, comprometiéndonos en un proceso que genere información (…) que lleve a resultados significativos", agregó.
El informe recomienda que las agencias de control de la ley tengan un "proceso de quejas accesible, justo y transparente" para las denuncias de abuso hechas por los civiles, y que todas las quejas sean aceptadas para su revisión.
Por su parte, el alguacil del condado Kings, Dave Robinson, copresidente de la junta de RIPA y presidente de la Asociación Estatal de Alguaciles de California, garantizó el compromiso de las autoridades para trabajar con toda la comunidad en igualdad de condiciones.