Un juez de la corte suprema brasileña ordenó la liberación de los presos con recursos pendientes después de haber sido condenados en segunda instancia, una decisión que podría suponer la libertad inminente del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que purga desde abril una pena de 12 años por corrupción.
La medida tiene efecto inmediato pero debe ser solicitada por los abogados de los detenidos, precisó el juez Marco Aurélio Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF).
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Según Infobae, la decisión del juez Marco Aurelio Mello se apoya en un artículo 283 del Código de Proceso Penal, según el cual una pena de prisión sólo se puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como "tránsito en juzgado", que supone el fin de todo el proceso de apelaciones.
Preso desde el 7 de abril, Lula da Silva cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer constructoras en contratos con la estatal Petrobras.
En su decisión, el magistrado estableció como única excepción los casos de las personas que están en prisión preventiva, regulada por otro artículo y dictada cuando es necesario dar "garantías para el orden público, económico o conveniencia" del proceso judicial.
La cautelar fue dictada a pedido del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado de Lula, el mismo día en que la Corte Suprema inicia un receso hasta el próximo mes de febrero.
Esta misma semana, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Dias Tóffoli, había anunciado que una vez concluido el receso será discutida una decisión que el tribunal adoptó en 2016 y permitió la ejecución de una pena a prisión después de que fuera confirmada la sentencia en segunda instancia.
Entre sus argumentos para aceptar la cautelar, Mello indicó que "la ejecución provisional de la pena produce como efecto colateral el agravamiento de la selectividad en el sistema penitenciario", que se caracteriza por el elevado grado de hacinamiento.
Según el magistrado, "el cuadro de delincuencias de todo orden, de escándalos en el campo administrativo, que relevó una corrupción inimaginable, apenas conduce a la marcha procesal segura, observando los dictámenes constitucionales y legales".
El Partido de los Trabajadores anunció que ya solicitó la inmediata liberación del ex presidente. "Acabamos de presentar un recurso solicitando el permiso de liberación de Lula", anunció la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), la senadora Gleisi Hoffmann, en un mensaje en su cuenta en Twitter.
La dirigente de la formación socialista agregó que, para acelerar aún más la posible liberación del ex jefe de Estado, el PT renuncia al derecho que Lula tiene de ser sometido a un examen de cuerpo de delito antes de ser excarcelado.
La petición de liberación fue presentada por el abogado del exmandatario, Cristiano Zanin, ante el foro de Justicia de Curitiba, la ciudad del sur de Brasil en donde el expresidente está encarcelado desde el 7 de abril para cumplir la pena de 12 años a que fue condenado y que ya fue confirmada en segunda instancia.
"Se hace necesario darle inmediato cumplimiento a la decisión emanada de la Suprema Corte", alegaron los abogados del líder socialista en su petición, presentada pocos minutos después de que se conociera la cautelar del tribunal.
