Santiago de Chile, 29 nov (EFE).- Una jueza de garantías de Chile ordenó hoy la detención de cuatro policías por su presunta responsabilidad en el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido el pasado 14 de noviembre en la sureña región de La Araucanía, informaron fuentes judiciales.
Los policías, pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, fueron acusados por la jueza Sandra Nahuelcura, del Juzgado de Garantía de la localidad de Collipulli, a unos 580 kilómetros de Santiago, de los delitos de homicidio consumado, homicidio frustrado y obstrucción a la investigación, precisaron las fuentes.
En La Moneda, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, recordó que el Gobierno es parte querellante y anunció que en esa condición solicitará prisión preventiva para los carabineros imputados.
"Como Gobierno estamos comprometidos con la verdad y la justicia en la muerte de Camilo Catrillanca", afirmó al agregar: "Así como respaldamos a aquellos carabineros que sí cumplen con la ley, a aquellos que no cumplen la ley y sus deberes no los vamos a aceptar".
"Esperamos que la celeridad que ha existido, pueda dar algo de tranquilidad a la familia de Camilo Catrillanca" consideró al declinar comentar si la decisión judicial deja en mal pie lo que jefatura de Carabineros ha sostenido respecto de los hechos.
Los imputados son el sargento segundo Raúl Ávila Morales, el sargento primero Carlos Alarcón Molina, el cabo primero Braulio Valenzuela Aránguiz y el suboficial Patricio Sepúlveda Muñoz.
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Los cuatro fueron los primeros policías que irrumpieron en la comunidad de Temucuicui, el pasado 14 de noviembre, y se encontraron con Camilo Catrillanca, de 24 años, que circulaba en un tractor acompañado por un menor de 15 años, cuando carabineros perseguían a unos ladrones de automóviles, con quienes se enfrentaron a tiros.
En esas circunstancias, el comunero fue alcanzado por un disparo en la nuca, mientras su acompañante fue detenido y golpeado por los carabineros, y solo al día siguiente, por orden de un tribunal, pudo recuperar su libertad.
Uno de los imputados, el sargento Raúl Ávila, grabó el incidente, pero después borró las imágenes y destruyó la tarjeta de memoria de la cámara, según han admitido las autoridades de Carabineros y el Gobierno.
