Lima, 20 nov (EFE).- El fiscal José Domingo Pérez dirige hoy el allanamiento de un estudio de abogados en Lima para buscar pruebas sobre la obstrucción a la justicia del partido Fuerza Popular en el caso contra su lideresa Keiko Fujimori, que cumple detención preventiva por lavado de activos.
La investigación contra Fujimori reveló la presencia de varios abogados que intervinieron para manipular el testimonio de falsos aportantes a la campaña presidencial de 2011, tal como lo manifestaron testigos y colaboradores de la Fiscalía.
"Se cuenta con información de que esta conducta o proceder tendría o podría tener sus inicios, orígenes o lugar de operaciones en este estudio", declaró Pérez a los periodistas al momento de ingresar al estudio Oré Guardia en el distrito de San Borja.
Durante el allanamiento, "vamos a revisar los registros contables y administrativos, no vamos a revisar los procesos del estudio respecto a otros clientes, no nos metemos en el ejercicio de la defensa, sino información contable y administrativa para corroborar si en efecto se ha pagado a abogados que han servido para coaccionar la voluntad de los testigos", explicó Pérez.
Uno de los socios del estudio, Arsenio Oré, fue abogado de Keiko Fujimori, y su actual defensora, Giuliana Loza, también labora en ese lugar.
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Otros dirigentes de Fuerza Popular, como su exsecretario general José Chlimper, también son representados legalmente por abogados del mismo estudio.
En las últimas audiencias del caso, Pérez reveló los testimonios del legislador fujimorista Rolando Reátegui y del empresario Jorge Yoshiyama como algunos de los responsables de buscar falsos aportantes en la campaña para ingresar miles de dólares a las cuentas del partido, presuntamente entregados por empresas que no querían figurar como aportantes oficiales.
En la víspera, el juez Richard Concepción dictó impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones por 36 meses contra Yoshiyama, quien aceptó confesar en la investigación que se le sigue a Fujimori por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
El empresario señaló que hizo esto a pedido de su tío Jaime Yoshiyama, un exministro fujimorista que fue secretario general del partido Fuerza Popular durante esa campaña de Keiko y que, según su sobrino, le entregó 800.000 dólares.
