Santiago de Chile, 9 nov (EFE).-Un juez chileno sentenció hoy a penas de prisión a 11 militares retirados por su responsabilidad en el asesinato de 15 opositores, cometidos en el marco de los crímenes perpetrados en 1973 por la llamada "Caravana de la Muerte" durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.
La "Caravana de la Muerte" fue una comitiva militar que tras el golpe que Augusto Pinochet encabezó el 11 de septiembre de 1973, recorrió Chile al mando del general Sergio Arellano Stark, como "delegado personal" del dictador, y asesinó a un centenar de presos políticos a los que sacó de las cárceles.
Entre los condenados destaca el general Juan Emilio Cheyre, ex comandante en jefe del Ejército entre los años 2002 y 2006, que fue condenado por el delito de encubrimiento a tres años y un día de prisión, que podrá cumplir en libertad vigilada.
Cheyre, que era teniente y ayudante del comandante del regimiento "Arica", de la ciudad de La Serena, al ocurrir los crímenes, el 16 de octubre de 1973, fue el primer jefe militar chileno que selló un compromiso de "nunca más" del Ejército a las violaciones de los derechos humanos.
El fallo pronunciado por el juez especial Mario Carroza condenó a 15 años y un día de presidio al coronel Ariosto Lapostol Orrego, jefe del regimiento en esa época, como autor del homicidio de las 15 víctimas.
En tanto, el brigadier Pedro Espinoza Bravo y los exoficiales Juan Chiminelli Fullerton, Víctor Alegre Rodríguez, Jaime Ojeda Torrent y Emilio de la Mahotiere González deberán cumplir cinco años y un día de presidio como cómplices de los delitos.
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Varios de estos oficiales se encuentran en prisión, cumpliendo penas por otros casos de violaciones a los derechos humanos, que en el caso de Espinoza Bravo suman más de 600 años.
Junto con Cheyre fueron condenados a tres años y un día en libertad vigilada los exoficiales Hernán Valdebenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Mario Vargas Miguieles y Luis Araos Flores.
Otros cuatro encausados fueron sobreseídos por el juez al no poder acreditarse su participación en los hechos investigados.
