Sindicatos piden declarar inconstitucional la reforma fiscal en Costa Rica

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San José, 16 oct (EFE).- Grupos sindicales de Costa Rica, que entraron en la sexta semana de huelga indefinida contra una reforma tributaria, pidieron hoy que el proyecto sea rechazado por el Poder Judicial y declarada como inconstitucional por la Sala Constitucional.

En una concentración pacífica ubicada frente al Poder Judicial, en el centro de San José, los huelguistas protestaron porque consideran que la iniciativa, aprobada en primer debate el pasado 5 de octubre, afectará más a las clases medias y bajas.

La reforma se encuentra en estudio de diversas instituciones, incluido el Poder Judicial, de cuyos pronunciamientos dependerán si los diputados pueden efectuar la segunda y definitiva votación.

"Este es un movimiento que defiende la canasta básica, la salud pública, la educación pública gratuita y obligatoria para todos y que en este proyecto quieren gravar con más impuestos. Este ya es un país sumamente caro para que no lo defendamos", afirmó a Efe el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante.

El líder sindical añadió que Costa Rica es uno de los países más caros de América Latina, que además ocupa los primeros puestos en desigualdad, por lo cual la reforma "solo llegará a hacernos más pobres, ineficientes, lentos y desiguales".

Datos del Banco Mundial del proyecto "Tomando la desigualdad" (2016) ubican a Costa Rica en el puesto número nueve en desigualdad entre 101 países medidos en el estudio, mientras que según el Índice de Precios al Consumidor (2016) del mismo ente, Costa Rica es el cuarto país más caro de América Latina.

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"Este proyecto nos afecta a todos cuando se habla de gravar la canasta básica, los servicios esenciales y cuando se exonera a una serie de empresas de gran capital que deberían pagar impuestos pero son exonerados mediante transitorios en la ley", destacó el secretario general adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Walter Quesada.

Como parte de las medidas de presión, la unión sindical pidió a la Sala Constitucional que rechace la reforma tanto por el fondo como por la forma en que fue tramitada en el Congreso.

"Mantenemos el movimiento porque queremos llegar hasta las últimas consecuencias de este proceso hasta que la Sala Constitucional emita el criterio de la procedencia, o no, del proyecto, que desde nuestro punto de vista tiene una serie de inconstitucionalidades", indicó Quesada.

Por su parte, Cascante manifestó que están pidiéndole al Poder Judicial "que sea autónomo" y que "no se deje manipular por el Ejecutivo".