La representación indígena bribrí de Talamanca, Costa Rica presentó un recurso de amparo contra el presidente Carlos Alvarado por excluir a la población aborigen de las discusiones sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Dicha acción legal también se interpuso contra Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa, porque presuntamente no atendió de forma oportuna a la población en el proceso de consulta de la iniciativa que se discute en el Congreso.
El recurso se presentó ante la Sala Constitucional el pasado 2 de octubre en horas de la tarde. Consultado por DIARIO EXTRA, Ulises Hernández, abogado que lucha por los derechos indígenas, aseveró que el discurso de Alvarado sobre la inclusión de las poblaciones es contradictorio en cuanto a la realidad que se vive en el proceso de discusión.
Hernández consideró que el Gobierno violenta el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos.
- Te puede interesar: Keiko Fujimori apoya ley de libertad anticipada que beneficiaría a su padre
“Los impuestos nos van a afectar principalmente a las poblaciones más pobres de este país, la población que trabaja como asalariada es poca en Talamanca y el aumento a la canasta básica va a golpear duramente el bolsillo de nuestros hermanos indígenas”, subrayó.
DISCRIMINACIÓN
El abogado indígena insistió en que la Administración discrimina a la población indígena y promueve el doble discurso sobre inclusión.
“Sentimos que nos han discriminado porque el Gobierno actual tiene una política de no a la xenofobia, no a la discriminación y sí a la inclusión. Entonces, al no ser consultados, hemos estado siendo discriminados. A los pueblos indígenas nos tienen abandonados, a pesar de que en la Administración de don Luis Guillermo Solís quedó el decreto que ya está vigente, el mecanismo de consulta correspondiente”, argumentó.
Asimismo, amplió que el Gobierno de la República debe velar por el cumplimiento de la atención en los pueblos indígenas, sin embargo, en la Administración de Carlos Alvarado se sigue imponiendo decretos de forma discriminatoria.
El representante confía en que la Sala Constitucional se encargue de traerse abajo el proyecto fiscal con base en argumentos sólidos que permitan el respeto a las poblaciones minoritarias de Costa Rica.
