El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó hoy una ley que endurece las penas por el conocido en el país como "jukeo", el robo de mineral que causa millonarias pérdidas a empresas mineras del país.
"Por el robo de mineral, quiebran empresas estatales mineras", advirtió el mandatario en el acto de promulgación en la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno boliviano en La Paz.
Morales calificó de doloroso que "el esfuerzo de los mineros sea como despreciado, como fracasado", por culpa de estos robos que restan cuantiosos ingresos al Estado que podrían beneficiar al país.
La nueva ley incorpora artículos específicos en el Código Penal de Bolivia sobre el hurto y robo de minerales, para castigar con entre seis a diez años de cárcel a sus autores, además de sancionar a quienes compran lo robado en las minas con entre uno y cinco años de prisión.
Al respecto, en su intervención en el acto el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, denunció que además de mineral, también se roban maquinaría, muchas veces importada con un costo elevado, y valiosos equipos de trabajo.
El ministro de Minería de Bolivia, César Navarro, por su parte, hizo hincapié en el perjuicio a las empresas, públicas y privadas, y a las cooperativas mineras, a la vez que destacó que ahora se perseguirá también a quienes exportan mineral robado.
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El acto se celebró en un auditorio repleto, con numerosos representantes de organizaciones sindicales, especialmente mineras, en el que Morales lució un casco minero.
El pasado abril la empresa estatal Huanuni informó que de solo en sus minas estos robos conllevan pérdidas anuales de hasta 24 millones de dólares.
Ese mes fue desplegado en una explotación minera de esta compañía un operativo de cientos de militares y policías para combatir a organizaciones de "jukus" o ladrones, que llegan a extraer ilegalmente toneladas de mineral. EFE
