El Salvador: Mujer procesada por abortar queda en libertad

San Salvador, 21 jun (EFE).- Un juzgado de El Salvador dejó hoy en libertad a Elsi Rosales, de 26 años, ante la "inexistencia" de pruebas de que haya cometido el delito de homicidio agravado al supuestamente abortar en agosto de 2017, como le imputó la Fiscalía, informó a Efe su abogada, Alejandra Romero.

Rosales enfrentó este jueves la audiencia preliminar por el delito de homicidio agravado en el Juzgado de Primera Instancia de la localidad de Armenia, en el departamento de Sonsonate, a unos 39 kilómetros al oeste de la capital salvadoreña.

Romero explicó que el juez del caso decretó el sobreseimiento "definitivo por la inexistencia de elementos de prueba" por parte de la Fiscalía "para determinar que sí hubo delito y continuar con el proceso penal".

Señaló que Rosales, de 26 años y originaria de una zona rural del central departamento de La Libertad, estuvo detenida desde el 5 de agosto de 2017 en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, conocido como Cárcel de Mujeres, ubicado en el municipio de Ilopango (este).

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La abogada relató que la joven "sufrió dolores en el vientre y fue a la letrina de su casa en donde se desmayó y luego de recuperar el conocimiento fue trasladada al Hospital Nacional de San Rafael, donde le diagnosticaron hemorragia vaginal y el doctor de turno alertó a la Policía, que procedió a la detención de Elsi".

"Es muy positiva la resolución del juez porque Elsi no cometió ningún delito", agregó la jurista.

El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son sistemáticamente sospechosas de haber cometido un aborto y, a menudo, acusadas de homicidio agravado.

En octubre de 2016, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal, mientras la oposición ha pedido incrementar las penas hasta los 50 años de prisión.