El relato de la niña de 12 años que estuvo a punto de ser ultrajada sexualmente por un grupo de pandilleros en Apopa no fue suficiente para que la jueza de Paz de Apopa, decretara detención de una mujer que la raptó.
La imputada, identificada como María Orellana Marroquín fue detenida la semana anterior, al parecer, justo en el momento en que ella buscaba a un grupo de pandilleros en Apopa para entregarles, la menor, afirmó la Fiscalía.
Fue la denuncia ciudadana que alertó a las autoridades para que en minutos dieran con la implicada, fuera capturada y la menor rescatada.
La Fiscalía afirmó que mediante una “acción coordinada entre ellos y la Policía” que se evitó el abuso sexual al que iba a ser sometida la infante.
Indagaciones del Ministerio Público revelan que aparentemente Orellana Marroquín se dedica a “buscarle niñas de esa edad a los pandilleros para que sean violadas”, destaco El Salvador.com
Pero este día en la audiencia inicial, la jueza de Paz de Apopa “restó credibilidad a la queja de la víctima” y ordenó que la mujer fuera procesada, pero en libertad.
La Fiscalía esperará la resolución por escrito de la Jueza para valorar, si tiene los fundamentos necesarios para apelar ante un tribunal superior, Cámara de lo Penal de San Salvador.
Los abusos sexuales en menores de edad en El Salvador se han elevado en más del 500 por ciento ha alertado la Policía y los organismos defensores de la integridad la infancia.
Tanto el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, (ISDEMU) han cuestionado las resoluciones judiciales, ya que son pocos los casos que llegan a los juzgados. Anualmente en El Salvador son denunciados ente 1,300 y 1,500 casos de violaciones sexuales solo en niños.
Estudios institucionales sostiene que menos de un 10 por ciento de los 1,500 casos denunciados por año, el acusado es condenado y va a prisión.
“Uno de los grandes retos que tiene el país es mejorar el acceso a la justicia para las mujeres que enfrentan violencia, en general tenemos baja judicialización”, afirmó Xochilt Bendeck, de Isdemu.