La jueza María Esther Limas ordenó hoy 9 meses de prisión preventiva contra César Augusto Alva Mendoza, acusado por el secuestro, violación y asesinato de una niña de 11 años en Lima, un crimen que movilizó a la opinión pública para demandar pena de muerte para los violadores de menores.
Tras la audiencia, Alva Mendoza fue trasladado al penal Ancón I donde será recluido mientras empieza el proceso judicial en un plazo máximo de 120 días, según resolvió la magistrada.
El abogado de la familia de la víctima, Marco Riveros, declaró a la prensa que Alva Mendoza admitió los crímenes, pero no los hechos imputados.
La niña Jimena fue secuestrada el pasado jueves 1 de febrero a la salida de un taller de verano que se realizaba en la comisaría policial de Canto Rey, en el distrito de San Juan de Lurigancho, y al día siguiente se encontraron sus restos carbonizados cerca del lugar.
La Policía detuvo el domingo pasado en la región sureña de Ica a Alva Mendoza, de 37 años, quien confesó el crimen luego de ser retirado de la zona en una avioneta después de que los pobladores intentaran lincharlo.
La primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz, le dijo a los padres de Jimena que el sospechoso "nunca va salir, vamos a luchar por eso… lo lamento tanto, lo lamento tanto", en medio de un llanto profuso al recibirlos el pasado jueves en su despacho.
La familia de la víctima encabezó ese día una marcha ciudadana hasta la Plaza de Armas de Lima para dejar un memorial en el despacho del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, para demandar sanciones más severas para los violadores de menores.
"Ese hombre, ese criminal, tiene que (ir a la cárcel) con la pena máxima, que es cadena perpetua", declaró Aráoz, tras prometer el apoyo gubernamental a los deudos.
La conmoción que ha generado la violación y asesinato de la niña reavivó los pedidos para que el Congreso debata la pena de muerte para los responsables de este tipo de crímenes en el país.
El pasado domingo, Aráoz declaró que "desearía darle la pena de muerte" al violador y asesino, porque lo consideró "un tipo detestable e individuos como ese no deberían existir".
Sin embargo, remarcó que el Gobierno tiene la responsabilidad de cumplir con los compromisos adoptados en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, que prohíbe la pena capital.
El fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, anunció que se ha dispuesto el apoyo de fiscales y peritos para resolver el caso con celeridad y lograr que "caiga todo el peso de la ley sobre el culpable" porque "un crimen así jamás debe quedar impune".
En Perú se reportaron 3,125 casos de violación sexual de enero a septiembre del 2017, de los cuales 2.160 fueron a menores de 17 años, de acuerdo a un reporte de los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional.
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— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) February 11, 2018
