Esta mañana, un total de 31 oficiales de Fuerza Pública fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pues figuran como sospechosos de participar en varios casos de abuso de autoridad, allanamientos ilegales, hurtos y robos.
Según informaron en la Oficina de Prensa del OIJ, las detenciones se realizaron en la comandancia de Fuerza Pública en Limón, lugar donde fueron citados los sospechosos.
La investigación inició a finales de 2016, luego de que fueran enviados a la provincia caribeña varios grupos especiales de este cuerpo policial con la intención de combatir la criminalidad que en ese momento ocurría en la zona, a causa del tráfico de drogas y varios homicidios.
A partir de ese momento, comenzaron a ingresar a la delegación regional del OIJ en Limón, gran cantidad de denuncias por delitos de abuso de autoridad donde señalaban como sospechosos a los uniformados.
De acuerdo con el Ministerio Público, se trata de funcionarios asignados al Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y oficiales de la unidad táctica conocida como “Linces”, quienes en apariencia, incurrieron en dichos delitos en sectores como Cieneguita y barrio Cristóbal Colón.
Agregaron que, al parecer, los sospechosos se movilizaban a bordo de vehículos oficiales y, en uno de los casos, abordaron a dos hombres, quienes, tras ser increpados, los golpearon y los subieron a un carro tipo “perrera”, en el que los trasladaron hasta otro sector para liberarlos.
En otro de los casos investigados, supuestamente, un numeroso grupo de oficiales llegó hasta la vivienda de una mujer el 16 de febrero anterior y, sin contar con orden de allanamiento, ingresaron pese a la oposición de la ofendida, a quien se sospecha que golpearon y le sustrajeron ¢12 mil, un anillo de oro y dos onzas de marihuana.
Según informa la Fiscalía, este tipo de incidentes habrían ocurrido en al menos cinco ocasiones, de las cuales tres ingresos ilegales fueron en la casa de un solo ofendido, en un lapso menor a dos semanas, donde se apropiaron de dinero en efectivo, joyas, licores y relojes.
“Se cree que todas estas acciones, aunque eran efectuadas bajo la premisa de ser parte de los actos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública, no eran registradas en las bitácoras que los oficiales confeccionan ni eran reportadas a los superiores de estas unidades especializadas”, explicaron.
Ahora, los 31 detenidos están a la orden de la Fiscalía, donde se les tomará la declaración indagatoria y se definirán las medidas cautelares a solicitar para mantenerlos sujetos al proceso penal, señaló La Prensa Libre.
