El Congreso de Colombia aprobó este lunes el proyecto de ley que reglamenta el sistema de justicia pactado en el acuerdo de paz con la exguerrilla FARC, ahora transformada en partido político, que juzgará los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto armado.
El proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue aprobado con 84 votos a favor y 0 en contra en la Cámara de Representantes, tras ser avalado el 16 de noviembre por el Senado.
"Con este paso avanzamos hacia la paz. La justicia transicional garantiza los derechos de las víctimas y sienta las bases de la reconciliación de los colombianos", indicó en Twitter el presidente Juan Manuel Santos, que consideraba el proyecto como una de las espinas dorsales del acuerdo.
La norma consentida la noche del lunes, que consta de 163 artículos, tuvo algunos cambios respecto a lo pactado por el gobierno de Santos y la poderosa exguerrilla comunista en noviembre de 2016, tras cuatro años de negociaciones en Cuba.
Entre ellas que los excombatientes de la otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) deberán someterse a la justicia ordinaria en caso de haber cometido delitos sexuales contra menores de edad.
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También que los terceros civiles y agentes estatales no pertenecientes a la fuerza pública solo asistirán de manera voluntaria a este sistema de justicia.
La JEP establece que guerrilleros y militares señalados de crímenes graves podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus delitos, reparan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.
Pero el Congreso, donde la iniciativa tuvo un trámite tormentoso por la inestabilidad de la mayoría oficialista, mantuvo un punto clave para la participación política de los rebeldes.
Los integrantes de las FARC podrán participar en las elecciones generales de 2018 desde que se presenten ante la JEP.
Aunque "los miembros de las FARC que sean condenados mientras ejercen sus curules en el Congreso deberán dejarlas en caso de que sus penas deban cumplirse en establecimientos penitenciarios", explicó el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara.
Lara precisó que si los exguerrilleros incumplen sus obligaciones de contar la verdad, "no podrán ejercer derechos políticos".
En el pacto se establece que los rebeldes tendrán garantizados 10 curules en el Congreso –cinco en cada cámara– por dos periodos de cuatro años, aunque deberán participar en las elecciones.
El texto de la ley estatutaria ahora pasará a conciliación, posteriormente deberá ser sancionado por Santos y luego pasar la revisión de la Corte Constitucional.
El acuerdo firmado en La Habana prevé en esencia que ese grupo se desarme, como ya ocurrió, y a cambio ejerza la política tras décadas de un conflicto armado que ha dejado millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, y que también involucra a otras fuerzas.
