Aumentar hasta 18 años de cárcel es lo que los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador estudiarán tras la propuesta de reforma a la Ley Especial contra el Delito de Extorsión que ayer fue presentada en el congreso.
La iniciativa es del presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA, Guillermo Gallegos, quien argumentó que tal como está la ley que fue aprobada en el 2015, no se incluyen todas las acciones relativas a la extorsión que, principalmente, es efectuada por miembros de pandillas.
La petición que hace Gallegos se da en momentos en los que la Sala de lo Constitucional acaba de sentar un precedente en el tema de las penas por el delito de extorsión, pues consideró que la pena que actualmente está fijada en la ley —de 10 a 15 años— no va en contra de la Constitución.
La propuesta de reforma a la Ley Especial contra el Delito de Extorsión busca modificar el artículo número 2, para que la pena máxima sea de 18 años, señaló La Prensa Gráfica.
“El que realizare acciones tendientes a obligar o inducir a otro, aun de forma implícita, a hacer, tolerar u omitir un acto o negocio de carácter patrimonial, profesional o económico, independientemente del monto, con el propósito de obtener provecho, utilidad, beneficio o ventaja para sí o para un tercero, será sancionado con prisión de doce a dieciocho años”, se lee en la propuesta de reforma.
Siempre en el mismo artículo, los legisladores definirán si agregan que son parte del mismo delito los coautores, así como los que participen en la distribución ejecutiva, los que a través de sus cuentas realicen transferencias financieras producto de la extorsión y los que reciban algún tipo de bien producto de la misma actividad delictiva.
