San Salvador, (ACAN-EFE).- El Salvador invirtió 41,3 millones de dólares entre enero y septiembre pasados en los cuerpos de seguridad, cárceles y Fiscalía, fuera de su presupuesto anual, para sostener una ofensiva contra las pandillas iniciada en 2016, informó hoy el Gobierno.
Los fondos previenen de un impuesto especial para la seguridad del 5 % aplicado a las telecomunicaciones y a las ganancias empresariales superiores a 500.000 dólares, aprobado en 2015 y vigente desde 2016, indicó la fuente.
El Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén señaló que en estos 9 meses el Congreso autorizó el uso de más de 93,5 millones de dólares obtenidos mediante el tributo y de los que más del 44 % fueron utilizados para "control y persecución penal".
Añadió que en la prevención del delito se invirtieron 35,77 millones de dólares, para la "rehabilitación y reinserción" 6,49 millones, otros 6,83 millones en el "fortalecimiento institucional" y únicamente 3,16 millones de dólares en la "atención y protección a víctimas".
El dinero es adicional a los 644,63 millones de dólares otorgados en conjunto al Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de la Defensa y Fiscalía General de la República como presupuesto ordinario en 2017.
El Gobierno destacó que entre los "principales resultados" obtenidos está el de el bono trimestral otorgado a 23.302 policías y 13.827 soldados que patrullan las calles y colaboran en operativos contra las pandillas.
Desde el primer trimestre de 2016, el Ejecutivo, con el aval del Congreso, lanzó una serie de "medidas extraordinarias" de seguridad que incluyeron la creación de un comando de policías y militares de 1.000 elementos que da caza a las columnas armadas de pandilleros que se refugian en las zonas rurales.
También se endureció el régimen carcelario para recuperar el control en las 6 prisiones que albergan a pandilleros y desde donde los líderes ordenan desde extorsiones hasta masacres.
El Gobierno atribuye a estas medidas la reducción del 31,3 % de los asesinatos entre enero y septiembre pasados, en comparación con 2016, y con las que espera bajar hasta en 20 las muertes por cada 100.000 habitantes y pasar de 81,7 en 2016 a unas 60 al cierre del año en curso.
La ofensiva, criticada por organizaciones civiles por el incremento de las denuncias de violaciones a derechos por parte de los uniformados, también llevaron a un incremento en los choques armados entre las fuerzas de seguridad y las pandillas.
El Salvador es asediado por la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias que son acusadas por las autoridades de mantener los altos índices de violencia que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo.
