Los jueces haitianos llevan adelante una semana de huelga para denunciar la escasez de los recursos asignados al poder judicial en el presupuesto nacional, ya cuestionado por la oposición, que lo considera desfavorable para los más pobres.
"La justicia siempre ha estado bajo el control del Poder Ejecutivo: es él quien decide qué presupuesto asignar a la justicia", denunció Me Wando Saint-Villier, presidente de la asociación de magistrados.
El sistema judicial haitiano, conocido por su extrema lentitud, ha registrado otras batallas este año. Antes de los jueces, sus empleados estuvieron en huelga durante casi dos meses para reclamar el pago de salarios atrasados.
Hoy, el principal reclamo de los jueces es una revisión al alza del presupuesto asignado al Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ). Esta administración independiente, creada en 2012, es responsable de los nombramientos, evaluaciones y sanciones de los magistrados.
Mientras el presupuesto estimado para el funcionamiento del CSPJ se había estimado en algo más de 3.000 millones de gurdas (unos 47 millones de dólares), el Ejecutivo decidió asignar a la institución el 35% de esa suma.
"En todas las instituciones de este país, lamentablemente hay corrupción que la gangrena", reconoció Saint-Villier.
"Debemos limpiar la magistratura, pero este trabajo no se puede hacer porque el comité de certificación de los magistrados del CSPJ es disfuncional debido a la falta de recursos financieros", lamentó.
Interrogado el martes sobre la disputa, el portavoz de la presidencia llamó a los jueces a la razón. "En la vida no siempre tenemos todo lo que queremos", alegó Lucien Jura, "pero también creo que cuando hay demostración de buena fe, incluso la parte opuesta puede ser consciente de las limitaciones", agregó.
Desde hace más de un mes, la oposición ha multiplicado las protestas, a veces violentas, para denunciar una política presupuestaria desfavorable a los más pobres y exigir la salida del poder del presidente Jovenel Moise.
La deficiente economía haitiana hace que el país disponga de un presupuesto de apenas 2.200 millones de dólares este año, una cantidad insuficiente para hacer frente a las numerosas emergencias para asegurar su desarrollo socio-económico.
Con una población equivalente, la vecina República Dominicana adoptó el mes pasado un presupuesto nacional de más de 17.000 millones de dólares.
