La suavidad de las manos de Martha González se perdió. Ahora son ásperas y callosas tras meses de excavar en fosas clandestinas desenterrando cadáveres, esperanzada en encontrar a su hijo Alberto, uno entre las decenas de miles de desaparecidos en México.
González vive en Veracruz, distrito oriental de México con deshonrosos antecedentes de gobernantes corruptos y escenario de una guerra entre tres poderosos cárteles: Zetas, Golfo y Jalisco Nueva Generación.
Denuncia que su hijo, un policía de 25 años, fue víctima de desaparición forzada a manos de otros oficiales en 2013.
Alberto tenía apenas dos meses como agente de policía en el poblado Ursulo Galván y soñaba con ahorrar para casarse. Salió a patrullar el 11 enero de 2013 junto con seis colegas. Jamás regresó.
Según testigos, se los llevaron policías estatales, pero las investigaciones nunca arrojaron resultados.
Frustrada, González asumió la búsqueda y junto con las madres de los otros oficiales empezaron a excavar en unas fosas clandestinas descubiertas en Colinas de Santa Fe, a 30 kilómetros de su localidad.
Aprendieron a excavar en el colectivo Solecito, integrado por mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos y que temen fueron enterrados clandestinamente en los suburbios del puerto de Veracruz.
"He tenido que aprender a escarbar y usar el machete para buscar a mi hijo. A veces me toca quitar la maleza, escarbar o sacar la tierra con palas", dice González.
Al principio, lloraba cada vez que hallaba un hueso humano.
"O cuando veíamos la ropa de los chicos, de las mujeres, o uniformes de taxistas. Todas esas cosas ahí enterradas nos hacían llorar. Ahora ya no, pensamos en buscar a nuestros hijos", añade.
González denuncia que su hijo fue secuestrado por subordinados de Arturo Bermúdez, jefe de la Policía durante el gobierno de Javier Duarte (2012-2016). No sabe por qué.
Duarte está encarcelado acusado de corrupción tras dejar a Veracruz en bancarrota antes de huir a Guatemala. Fue capturado y extraditado a México. Bermúdez también está detenido acusado de ser su cómplice.
Pero ningún funcionario ha sido acusado por la violencia y el abuso de los derechos humanos en Veracruz, que al mando de Duarte se convirtió en uno de los estados más violentos de México con 4.500 asesinatos.
