Esta acción es calificada por los críticos como una maniobra de los legisladores para proteger a Jimmy Morales y a sus políticos.
El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles una reforma para reducir el castigo a quien cometa el delito de financiamiento electoral, días después de que el mandatario Jimmy Morales fue señalado por la Fiscalía y la comisión anticorrupción de la ONU de irregularidades durante la campaña que lo llevó a la Presidencia.
Por mayoría, los legisladores aprobaron reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien cometa ese delito.
También avalaron que una sentencia de una década de cárcel puede ser conmutada con una multa.
Esta acción es calificada por los críticos como una maniobra de los legisladores para proteger al jefe de Estado y a sus políticos.
La diputada opositora Sandra Morán manifestó que las reformas favorecen la impunidad en Guatemala.
La Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaron a Morales de supuestamente ocultar información contable y financiera del partido político que lo llevó al poder por unos 825.000 dólares durante su campaña de 2015.
Un par de días después de haber sido señalado de las irregularidades, Morales ordenó la expulsión del titular de la CICIG, pero la Corte de Constitucional detuvo la salida del país del comisionado.
En Contexto:
Guatemala: Movimientos sociales piden renuncia de Jimmy Morales
"El presidente Morales está obstruyendo la justicia y debe renunciar, está haciendo un intento desesperado por protegerse a sí mismo y a cambio está poniendo en riesgo a toda la población", aseguró Briseida Milián.
El movimiento Justicia Ya, de Guatemala, pidió este domingo la renuncia del presidente Jimmy Morales, luego de que el mandatario declarara persona non grata al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.
