Una corte de sentencia de El Salvador inició ayer un juicio contra cinco miembros de un cuerpo elite de la Policía por la supuesta ejecución extrajudicial de un joven durante un operativo contra pandilleros, informaron los Tribunales salvadoreños.
El 26 de marzo de 2015, los imputados se enfrentaron a tiros con supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) en la localidad de San José Villanueva, en el central departamento de La Libertad, y la refriega se saldó con siete hombres y una mujer muertos.
Entre estos se encontraba el joven Dennis Martínez, quien "no tenía que ver con pandillas" y durante la refriega "estaba encerrado en un cuarto" realizando una llamada telefónica, dijo el fiscal general, Douglas Meléndez, en julio de 2016.
La vista pública inició este lunes en la localidad central de Santa Tecla con la intervención de los defensores de los uniformados y la Fiscalía, y el juramento de 14 testigos de cargo y uno de descargo.
Según la fuente, el primer testigo en declarar fue uno con "régimen de protección", persona con la que la víctima conversaba por teléfono cuando fue sacado de su habitación por los agentes del Grupo de Reacción Policia (GRP), ahora enjuiciados.
El juicio, que se espera concluya el 13 de septiembre, estaba programado inicialmente para el 6 de junio, pero fue aplazado a petición de la Fiscalía y antes de esto el tribunal levantó el secreto de sumario que el caso tuvo durante las primeras etapas del proceso.
La versión de la Policía, cuyo director, Howard Cotto, ha manifestado su pleno apoyo a los agentes, señala que los miembros del GRP actuaron en respuesta a los disparos de los pandilleros, quienes supuestamente planificaban perpetrar una masacre.
Una resolución no vinculante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) advirtió que "existen elementos suficientes de investigación para establecer la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal (…) por efectivos policiales" de todas los muertos en ese tiroteo, pero la Fiscalía solo acusó a los agentes por una víctima.
El Servicio Social Pasionista y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas afirmaron recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en los últimos años han proliferado los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en El Salvador.
