El gobierno colombiano anunció este jueves que verificará el listado de bienes suministrados por las FARC a la ONU, como parte del acuerdo de paz que desarmó a esa guerrilla, y expropiará cualquier activo que no haya sido declarado.
Una comisión creada mediante decreto será la encargada de hacer "la verificación sobre los bienes y los activos" que incluyó la organización en el registro, informó a la prensa el ministro del Interior, Guillermo Rivera.
Las propiedades declaradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) serán destinadas exclusivamente a la reparación de las víctimas del conflicto, enfatizó el funcionario.
"Los bienes que no hayan sido inventariados y que llegaran a descubrirse, implicarán obligatoriamente una sanción", advirtió por su parte el ministro de Justicia, Enrique Gil.
Según el funcionario, los rebeldes que hayan ocultado activos serán procesados judicialmente y los bienes sometidos a "extinción de dominio".
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Las FARC, que por medio siglo enfrentaron a fuerzas del Estado y grupos ilegales de ultraderecha en su fallido intento de tomarse el poder, entregaron a una misión de la ONU el listado de los bienes que obtuvieron mediante actividades ilegales, incluidas el narcotráfico y el secuestro.
La organización no ha revelado el valor total de su inventario, pero la fiscalía ha lanzado dudas sobre la veracidad del listado, con el argumento de que sería menor del que aparece en sus investigaciones.
Unos 7.000 rebeldes concluyeron el desarme la semana pasada y el 1 de septiembre prevén lanzar un partido político como parte del pacto de paz que sellaron con el gobierno de Juan Manuel Santos.
El acuerdo pretende extinguir el conflicto interno, aunque todavía quedan activos el Ejército de Liberación Nacional, un grupo rebelde más pequeño con el que Santos también negocia la paz, y bandas dedicadas al narcotráfico de origen paramilitar.
El prolongado enfrentamiento en Colombia deja más de siete millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
Las FARC depusieron los fusiles a cambio de convertirse en un partido político legal y de recibir penas alternativas a la prisión si confiesan sus crímenes, repararan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.
Los militares y policías implicados también en delitos de guerra podrán someterse a la llamada jurisdicción especial de paz.
