La Fiscalía brasileña presentó hoy una denuncia penal por tráfico internacional de armas contra 16 personas acusadas de integrar una organización criminal que introdujo a Brasil al menos 1.043 fusiles de guerra para abastecer a los grupos de narcotraficantes que actúan en Río de Janeiro.
La investigación realizada por la Fiscalía tras el decomiso en mayo pasado de un cargamento con 60 fusiles en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro permitió establecer que la misma organización introdujo a Brasil entre 2014 y 2017 otros 74 cargamentos con armas de contrabando.
De acuerdo con un comunicado divulgado por el Ministerio Público Federal, el grupo criminal compraba las armas en la ciudad estadounidense de Miami y las introducía a Río de Janeiro escondidas en cargas de bombas de agua para piscinas.
Además de 1.043 fusiles con sus respectivos cargadores, los contrabandistas le entregaron a los grupos de narcotraficantes de Río de Janeiro unos 297.000 proyectiles en cuatro años.
La investigación permitió establecer que los contrabandistas compraban las armas por entre 2.500 y 3.500 dólares en Estados Unidos y las vendían a los narcotraficantes a precios entre 11.700 y 16.560 dólares.
Entre los 16 acusados destaca Frederik Barbieri, un brasileño con ciudadanía estadounidense y residente en Miami que es señalado como el jefe de la banda criminal, así como su esposa, la brasileña Ana Claudia Santos, y uno de los hijos de la pareja.
La denuncia penal fue presentada ante el juzgado octavo federal penal de Río de Janeiro por los delitos de tráfico internacional de armas, comercio ilegal de armas de fuego y asociación para delinquir.
La organización comenzó a ser desmontada en mayo pasado, cuando la Policía incautó en el aeropuerto de Río de Janeiro un cargamento de bombas para piscinas procedente de Miami y en el que estaban escondidos 45 fusiles AK47, 14 fusiles AR15 y uno del tipo G3, armas de grueso calibre consideradas de guerra en Brasil y cuyo uso en el país es exclusivo de las Fuerzas Armadas.
