El Congreso chileno aprobó la ley para despenalizar el aborto en tres circunstancias, iniciativa que deberá pasar ahora al Tribunal Constitucional porque la oposición derechista recurrió a esa corte para impugnarla.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet, legaliza el aborto en caso de inviabilidad fetal, peligro de vida para la mujer y embarazo por violación.
En una sesión que la coalición oficialista calificó de "histórica", el Senado aprobó con 22 votos a favor y 13 en contra el informe puntual de una comisión mixta sobre los procedimientos en casos de violación a menores de 14 años.
Horas antes la Cámara de Diputados había aprobado también por 70 votos a favor, 45 en contra y una abstención, un articulado pendiente que establece que las niñas pueden abortar sin el consentimiento de sus padres.
Tras la sesión, la ministra de la Mujer, Claudia Pascual, agradeció a todos los parlamentarios por el debate.
"Este es un día histórico para Chile, porque han triunfado los derechos de las mujeres. Ha triunfado la razón, el respeto a la diversidad, pero sobre todo ha triunfado la democracia", sostuvo el senador Guido Girardi, del Partido por la Democracia (PPD) y presidente de la Comisión de Salud del Senado.
En opinión del legislador, "a partir de la publicación de esta ley las mujeres serán sujetos de derecho y podrán tomar decisiones en su vida particularmente cuando están sometidas a situaciones de inviabilidad fetal, riesgo a su vida y violación".
La iniciativa gubernamental pasará ahora al Tribunal Constitucional (TC), después de que dirigentes de la coalición derechista Chile Vamos presentaran un requerimiento para la impugnación del proyecto.
Según los detractores, es iniciativa, uno de los ejes de la campaña presidencial de Bachelet en 2013, es contraria a la Constitución chilena, ya que "legaliza el aborto directo o provocado" y además "manda e impone a terceros la obligación de realizarlo ".
En un documento de 67 páginas entregado al Tribunal Constitucional los legisladores aseguraron que el proyecto contraviene la Carta Magna, porque esta "protege la vida del que está por nacer".
