Honduras debería permitir el aborto legal en caso de que esté amenazada la vida de la mujer, de anomalía del feto o de violación, así como considerar la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinó los pasados 5 y 6 de julio el cumplimiento que hace Honduras del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y hoy publicó las conclusiones de esa evaluación.
Los expertos expresan su preocupación “por el hecho de que toda interrupción voluntaria del embarazo es ilegal e incurre en penas de hasta diez años de prisión, con el resultado de una alta tasa de mortalidad debido a abortos inseguros”.
El Comité denuncia “la prohibición absoluta de anticonceptivos de emergencia, incluso en los casos de violación e incesto; y las altas tasas de embarazo adolescente no deseado”, según publicó Latribuna.hn
Ante esta realidad, el Comité sugiere a Honduras “modificar con carácter urgente su legislación para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y asegurar que no deban recurrir a abortos clandestinos que pudieran poner en peligro sus vidas y salud.”
“En este sentido, el Estado parte debería asegurar el acceso a un aborto legal y seguro incluyendo en los casos de amenaza a la vida o a la salud de la mujer, violación o incesto, y de feto inviable debido a anomalía, y considerar la descriminalización del aborto”.
Por otra parte, los expertos se lamentan de las “extremadamente altas tasas de homicidio” y “del reclutamiento de niños por parte de las bandas criminales o maras”.
Pero al mismo tiempo le preocupa la respuesta militarizada que Honduras da a esta lacra y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
“El Comité está preocupado por las informaciones respecto a que las prácticas de limpieza social y otras ejecuciones extrajudiciales que implican a las fuerzas de seguridad, todavía continúan”, denuncia el texto, que añade:
“El Comité está preocupado por las denuncias e informaciones de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policía, fuerzas armadas y otros funcionarios públicos”.
