La Fiscalía General de Costa Rica ordenó hoy la apertura de una causa penal por los delitos de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de deberes contra los médicos judiciales que están en huelga y dejaron de realizar autopsias y entregar cuerpos.
La investigación es girada contra médicos y demás personal de la sección de Patología Forense que han incurrido en desacatar la orden de la Sala Constitucional y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que establece que deben continuar realizando autopsias a cuerpos que han ingresado a la morgue judicial.
"Nos mantenemos en coordinación con el director del OIJ (Walter Espinoza) para buscar una solución a la práctica de las autopsias, con el fin de establecer un mecanismo que evite acentuar aún más el sufrimiento de las familias afectadas con la no prestación del servicio de los patólogos", señaló el fiscal general, Jorge Chavarría.
La Fiscalía indicó que de momento consideran realizar las autopsias en centros hospitalarios del país, contratar médicos para realizar las autopsias y lograr que el personal de medicina legal del Poder Judicial acceda a realizar las autopsias, por el mejor interés de las víctimas dolientes.
El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, afirmó hoy sobre el paro de los miles de empleados del sector, que inició el miércoles pasado, que "no hay justificación alguna para que no se obedezca una orden del juez".
Por su parte un portavoz del sindicato de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) aseguró que "no hay una orden (por parte de la Sala Constitucional) para la entrega de los cuerpos, sino para preservarlos".
Mientras que el director del OIJ, Walter Espinoza, aseguró a periodistas que el domingo se realizó una reunión para hacer cumplir la orden para que se realizaran las autopsias y la entrega de los cuerpos, que cifró en "más de 25", pero que no se llegó a un acuerdo.
Los empleados judiciales, unos 13.000 de acuerdo con sus voceros, están en huelga porque la Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó la propuesta de sus representantes sindicales como base para reformar el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
Los trabajadores están en contra de que se suba la edad de retiro de 60 años a 65 años y a 30 años de trabajo el periodo mínimo para retirarse. Además, la cotización de los trabajadores subiría del 11 % al 15 %.
