Este 19 de julio ha entrado en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), marco legal mediante el que México pretende sancionar a los funcionarios, exfuncionarios y particulares que incurran en actos de corrupción. No obstante, el sistema ha arrancado con una serie de deficiencias que, entre otras repercusiones, imposibilitan lograr de forma plena los objetivos para el que fue creado.
¿Qué es el SNA?
El SNA busca prevenir, investigar y sancionar la corrupción extendida por México, en forma de faltas administrativas graves. El sistema fue creado en mayo de 2015 tras una reforma constitucional promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, y se respalda con siete paquetes de legislación:
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Y cuatro reformas: a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal, y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Entre sus características, el sistema procura coordinar diferentes actores sociales con las autoridades en una lucha conjunta contra la corrupción. Estas herramientas legales prevén la creación de un Comité Coordinador encabezado por un ciudadano y un Comité de Participación Ciudadana seleccionado por académicos reconocidos.
Asimismo, instrumentos como la Plataforma Digital Nacional, el Sistema Nacional de Fiscalización, códigos de ética, protocolos de actuación y demás pretenden prevenir faltas administrativas, optimizar la rendición de cuentas y evitar la duplicación de funciones.
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¿Cuáles son sus carencias?
Entre las dificultades con que se ha encontrado el SNA en su arranque se cuenta la falta de un fiscal anticorrupción que investigue los delitos y encabece este sistema, un cargo que desde hace tres años no ha logrado ser designado por el Senado. Además, no han sido ratificados 18 magistrados especializados propuestos por el presidente, que serían los encargados de sancionar a funcionarios y particulares por actos corruptos.
Por otra parte, la correcta puesta en marcha del SNA estaba sujeta a la implementación de sistemas locales anticorrupción en cada una de las regiones del país para este 18 de julio. Sin embargo, estos fueron hechos efectivos en solo cuatro estados mexicanos, mientras que los restantes 28 aún no designan fiscales ni cuentan con los tribunales necesarios.
¿Puede funcionar en este estado?
En el estado actual, el SNA se ve limitado a aplicar sanciones solo a nivel administrativo, pues estas deficiencias imposibilitan la aplicación de castigos penales por delitos de corrupción. Sin embargo, Guillermo Ávila Reséndiz, investigador del Centro de Análisis e Investigación Fundar, asigna una mayor importancia a la labor de las instituciones que combaten la corrupción.
"[La falta de fiscales y magistrados] no significa que cada una de estas instancias no pueda hacer el trabajo que le corresponde con base en las nuevas leyes", explicó el investigador a RT. "Esas instituciones ya las teníamos […], lo que hicimos fue dotarlas de mejores herramientas, de un marco normativo más fuerte", agregó.
