La Cámara de Diputados de Argentina aprobó hoy un proyecto de ley de responsabilidad penal empresarial, impulsado por el bloque oficialista Cambiemos, con el que se busca, entre otras cosas, castigar a las sociedades involucradas en casos de corrupción.
La iniciativa, que ahora deberá ser debatida y aprobada en el Senado para convertirse en ley, pretende extender la responsabilidad de los ilícitos penales a empresas, fundaciones y asociaciones civiles para que puedan ser sancionadas por incurrir en delitos de corrupción, ya que, actualmente, el sistema jurídico del país solo contempla castigos para las personas.
Tras un debate de más de cinco horas, la Cámara aprobó el texto, del que se votaron uno por uno sus artículos, y el único que resultó rechazado fue el referido a la posibilidad de que las personas jurídicas puedan acogerse voluntariamente a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz con retroactividad.
El proyecto fue elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA) y enviado al Parlamento por el Gobierno de Mauricio Macri el pasado octubre.
El monto de las sanciones económicas que deberán abonar las compañías que incurran en ilícitos penales o las posibles suspensiones de su actividad fueron algunas de las cuestiones que generaron mayor controversia entre los diferentes bloques.
El debate del texto llega en un momento en el que la Justicia investiga la implicación de la constructora brasileña Odebrecht en el pago de sobreprecios para obtener contratos de obra pública durante el kirchnerismo (2003-2015).
La firma brasileña admitió el pasado diciembre haber pagado al país 35 millones de dólares en sobornos, una confesión que involucra tanto a funcionarios del anterior Gobierno como del actual.