El exgobernador mexicano del Estado de Veracruz Javier Duarte, detenido provisionalmente en Guatemala, aceptó hoy la segunda orden de extradición a su país, en este caso por delitos federales, pero negó los cargos en su contra.
"No cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo", declaró Duarte en una audiencia celebrada en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, en la que escuchó los cargos y parte de las pruebas que la Justicia Mexicana tiene en su contra por supuestos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta es la segunda orden de extradición que aceptó en la última semana el político, recluido en una prisión que funciona en el Cuartel Militar Matamoros, después de que el pasado martes aceptara otra por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
Según la acusación mexicana, leída por el fiscal guatemalteco José Antonio Galdámez en esta vista, en contra del político, de 43 años, hay unas 19 pruebas entre las que se incluyen denuncias, entrevistas, compras de bienes, empresas y otras, además del nombre de Duarte y fotografías de su persona en algunos de esos documentos.
El político supuestamente recibía ayuda de algunas aerolíneas para sus traslados dentro de Guatemala, adonde ingresó ilegalmente por vía terrestre, supuestamente el pasado noviembre.
Duarte está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar "prestanombres" para transferir recursos públicos en su país.
Entre 2012 y 2015, desvió grandes cantidades de recursos públicos, los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de su país, que se basan en esa documentación y en varias declaraciones de testigos.
La defensa de Duarte, Carlos Velázquez, dijo que las acusaciones contenidas en la solicitud de extradición "no logran demostrar en qué momento existe el vínculo o una relación de causalidad" con el político y agregó que las pruebas no logran establecer que esa supuesta organización de carácter delincuencial estuviera liderada por su defendido, por lo que son señalamientos "mal infundados".
