Representantes de ONG, especialistas y eurodiputados denunciaron en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE) alrededor de 200 mil esterilizaciones a mujeres peruanas entre 1996 y el año 2000, la mayoría indígenas.
Reclamaron un completo registro único de víctimas con acceso a reparación, así como una investigación de parte del Gobierno de lo ocurrido, que los participantes en la audiencia de la Eurocámara consideraron debe calificarse como genocidio, al ir el programa de esterilización dirigido a mujeres indígenas, principalmente.
La especialista en asuntos indígenas del Grupo de Solidaridad con América Latina Blanca Valer explicó cómo el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori se propuso acabar con la pobreza mediante la esterilización masiva no consentida de mujeres que no comprendían los efectos de la intervención quirúrgica a la que se iban a someter.
La mayoría, explicó, no comprenden el español, son pobres y analfabetas, y accedieron sin consentimiento informado a la esterilización con amenazas.
Tanto las autoridades regionales como los centros médicos y los propios sanitarios de las áreas rurales donde se realizaron las esterilizaciones masivas tenían cupos e incentivos para llevar las intervenciones a cabo.
Ligaduras de trompas que en muchos casos se realizaban "en condiciones infrahumanas, en la propia mesa de la cocina", denunció Valer, que recordó que ha habido centenares de muertes derivadas de esos actos.
Por su parte, la investigadora social de asuntos de género y derechos humanos en Bélgica Carmen Núñez-Borja calificó los hechos ocurridos ahora hace alrededor de veinte años como "caso flagrante de atropello a los derechos humanos, y en especial a los derechos de las mujeres".
También la congresista peruana María Elena Foronda, que intervino por videoconferencia, reclamó al Parlamento Europeo presión política para que el Gobierno peruano haga una amplia investigación, persiga a los culpables y resarza a las víctimas.
Esa demanda fue recogida por el presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del PE, que reclamó a Perú "verdadera acción política" contra lo sucedido, y lanzó el mensaje al Ejecutivo en Lima de que "el país que no recuerda su pasado, está condenado a repetirlo".
