La violencia sexual y de género contra las mujeres de Perú goza aún de cierta impunidad y discrecionalidad en la administración de justicia, pese al incremento de los casos denunciados en Perú, denunció la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana María Romero-Lozada.
"Existe una discrecionalidad y una impunidad en la justicia por lo que se hace necesario fortalecer toda la cadena que implica una denuncia, desde el agente policial hasta los jueces", afirmó la ministra en una entrevista con Efe en la que reclamó la aplicación debida de la legislación para atajar la violencia contra la mujer.
"Quisiéramos que no vaya mucha gente a la cárcel, pero si tiene que ir que vaya. Se tiene que aplicar la ley tal como ésta demanda", denunció Romero-Lozada.
Estas declaraciones las brindó como comentario a un reciente informe de su ministerio, que reveló que entre enero y abril de este año se registraron 2.415 denuncias por violencia sexual, un aumento de 26 % respecto al mismo periodo del año pasado.
Según indicó Romero-Lozada, esta cifra sigue ubicando al Perú como el tercero en el mundo en incidencia de estos delitos, solo detrás de Etiopía y Bangladesh, tal como lo revelara en 2013 la Organización Mundial de Salud (OMS).
Para la ministra, "este número no revela que haya necesariamente más casos de violaciones sexuales en Perú, sino que existe una mayor conciencia de las mujeres".
"Estoy segura de que siempre ha habido una alta tasa de violencia sexual, pero ahora las mujeres están denunciando más, existe una mayor conciencia del abuso", indicó.
Según ese informe, el 75% de las víctimas atendidas por ese delito eran menores de edad.
Los casos de violencia contra la mujer en Perú incluyen también la violencia física y psicológica, entre ellos numerosos casos de asesinato.