Por aire y por tierra la policía de Colombia ofreció recompensas de hasta cinco millones de dólares a los habitantes de una zona duramente golpeada por el narcotráfico para que colaboren con las autoridades en la captura de los líderes de la mayor banda criminal del país.
“La paz de Urabá es ahora. Denuncien. Absoluta reserva. Ubicación en el exterior si es absolutamente necesario para quien suministre información”, rezan unos panfletos que las autoridades lanzaron el miércoles desde helicópteros sobre la población de Apartadó, en el golfo de Urabá, fronterizo con Panamá, que vivió en el último mes una ola de asesinatos de policías.
El objetivo de esta campaña es capturar “a los responsables de los ataques a la fuerza pública colombiana”, pero también ubicar cultivos ilícitos, laboratorios de cocaína y caletas con armas, dijo en conferencia de prensa el general José Mendoza, director de la policía antinarcóticos, antes de recorrer la localidad para entregar más ejemplares de los anuncios.
El premio por contribuir a la captura del jefe del clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante de Colombia, Darío Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, es de cinco millones de dólares. Por los segundos a bordo Roberto Vargas, alias “Gavilán”, y Carlos Antonio Moreno, alias “Nicolás”, se ofrecen más de 800.000 dólares.
Una docena de agentes han muerto a manos del Clan del Golfo y otras bandas criminales solo el mes pasado, según datos oficiales. Este grupo armado surgido de paramilitares desmovilizados declaró a la policía objetivo militar después de que el 3 de mayo la policía dio muerte a uno de sus cabecillas.
Mendoza indicó a The Associated Press que desde la creación en febrero de 2015 de un grupo especial de más de mil hombres para hallar a los miembros del Clan del Golfo, las fuerzas de seguridad les han decomisado 94 toneladas de cocaína. En lo que va del año les fueron incautadas nueve toneladas y unos 500 de sus miembros fueron capturados.
En lo que parece una batalla de panfletos en esa zona, la banda ofrece a sus sicarios pagos de hasta 600 dólares por cada policía muerto.
