Guatemala debe asumir su responsabilidad por el tráfico de miles de menores con fines de adopción internacional entre 1996 reclamaron este lunes víctimas y activistas en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la capital costarricense.
"Quiero que el Estado de Guatemala asuma su responsabilidad, no solo por mi caso, sino que en nombre de todas las víctimas. Quiero que se conozca lo que sucedió, las atrocidades que hicieron", declaró en la audiencia Osmín Tobar, quien fue separado de su familia y otorgado en adopción en Estados Unidos.
Tobar se emocionó al recordar cómo él, de siete años, y su hermano Jefrey, de dos, fueron arrebatados de su madre el 9 de enero de 1997 por dos hombres que llegaron en un vehículo con la promesa de que serían devueltos a su casa. Un año después, una familia estadounidense lo llevó a vivir a Pittsburgh, estado de Pennsylvania, mientras su hermano quedó con otra familia en la misma ciudad.
Fueron víctimas de una red de trata y venta de menores que operaba en Guatemala y que llevó a 27.871 niños al exterior entre 1996 y 2006, según datos recopilados por la Fundación Myrna Mack.
En esas redes de tráfico que obtenían menores mediante robo, compra, engaño o amenazas, participaban también, a cambio de beneficios económicos, notarios, médicos, enfermeras, agentes de registro civil, laboratorios de ADN, funcionarios de la fiscalía, jueces y orfanatos, haciendo posible el envío de los niños al exterior, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU para ayudar a combatir la corrupción.
Hablando en inglés, Tobar recordó que al crecer, se empeñó en localizar a su familia biológica, hasta que un día encontró en su computadora un mensaje de su padre, Gustavo Tobar, que decía: "hijo, ¿eres tú?".
"No hay palabras para describir la emoción que sentí, la energía que recorrió mi cuerpo. Todos los años de lucha fueron por ese día", contó Tobar, quien en 2015 fue a vivir a Guatemala.
