El gobierno de Honduras, un país golpeado por la violencia criminal, cumple este miércoles un año desde que inició la formación de una nueva policía, luego de que altos mandos de la institución fueran destituidos por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
El proceso lo lleva a cabo la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía, nombrada el 12 de abril del 2016 por el presidente Juan Orlando Hernández con tres miembros de la sociedad civil y el ministro de Seguridad, Julián Pacheco.
"La construcción de nueva policía va caminando y no nos vamos a detener", proclamó recientemente el presidente. "Este es un proceso de mediano y largo plazo", añadió.
Tras la evaluación de 9.234 miembros, fueron destituidos 3.919 agentes y oficiales en marzo pasado, anunció la Comisión en un informe. Antes, había anunciado la incorporación de 4.063 efectivos para el reemplazo y planes de elevar a 26.000 el número de miembros en 2022.
La Comisión fue organizada al trascender en la prensa local y estadounidense que los miembros de la cúpula policial, pagados por narcotraficantes, mandaron a matar al zar antidrogas, Julián Arístides González, en 2009 y al asesor en seguridad Alfredo Landaverde en 2011.
La Comisión da seguimiento "a los procesos de investigación criminal de los agentes y oficiales cancelados (cesados, ndlr) con indicios de haber cometido delitos y crímenes", aseguró el miembro de la Comisión, Ormar Rivera.
Agentes consultados por la AFP que pidieron no revelar sus nombres aseguraron que el riesgo de volver a caer en la corrupción persiste por los bajos salarios, citando como ejemplo que un agente recibe unos 300 dólares al mes, aunque reconocieron que las condiciones han mejorado, sobre todo las instalaciones y la dotación de uniformes y armas.
