Los trabajadores adheridos a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación argentina (UEJN) iniciaron hoy un paro de actividades que se extenderá por 36 horas para clamar contra el traspaso de competencias de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires.
La medida de protesta incluyó una concentración y movilización al Congreso Nacional.
Omar Ruiz, miembro de la comisión directiva del gremio, especificó en declaraciones a Efe que hay dos maneras de entender el porqué de la huelga: una de ellas desde el punto de vista judicial y la otra, desde los derechos de los trabajadores.
Con respecto a la Justicia, el gremialista denunció que con dicho traspaso el Gobierno Nacional "se lleva todas las causas penales al fuero ordinario de la Ciudad", lo que podría garantizar "una total impunidad".
Por otro lado, Ruiz dijo que no solamente se trata de expedientes judiciales sino también de trabajadores cuya área es la de nación y con el traspaso "bajarían a una categoría ordinaria", acción que atenta contra "los derechos laborales y el principio de federalismo" ya que todo se concentraría en la ciudad.
En medio de un clima de conflictividad social que se vive en Argentina, el dirigente asegura que la adhesión a esta medida de fuerza fue total en todo el país.
El paro que inició hoy, precedido por otras medidas llevadas a cabo desde comienzos de año, "no será el único", según el gremio, si el Gobierno no retrocede con su intención de traspaso porque "no mejora la Justicia, no incrementa su presupuesto y no respeta a los trabajadores".
Este traspaso judicial se firmó entre el presidente argentino, Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el 19 de enero pasado, y supone una transferencia progresiva de competencias, personal y otras instancias de la Justicia penal ordinaria que ahora están en manos de los fueros federales al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los acuerdos firmados incluyen un convenio que amplía la transferencia de competencias penales a la ciudad y otro que transfiere las competencias en cuestiones relativas a la defensa de los consumidores.
Esos convenios todavía han de ser aprobados por el Congreso de la Nación y por la Legislatura porteña.
El traspaso también es rechazado por los integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). EFE
