El Departamento de Justicia de Puerto Rico anunció el lunes que investiga a un alcalde por sospechas de acosar sexualmente a una mujer policía que presentó una queja contra él.
El anuncio se hizo horas después que el gobernador Ricardo Rosselló demandó el domingo que Héctor O'Neill renuncie. Él ha sido alcalde de la acaudalada ciudad de Guaynabo, al suroeste de la capital, durante más de dos décadas.
Las autoridades dijeron además que investigan acusaciones de que O'Neill les pagó casi medio millón de dólares a la mujer policía y al novio de ella.
O'Neill se ha negado a renunciar y rechazó las acusaciones. Dice que no va a hablar del caso porque fue resuelto de forma privada y que no se usaron fondos públicos.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ordenó a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, iniciar una investigación sobre los supuestos actos de hostigamiento sexual que públicamente se le imputan al alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill.
‘Le estoy solicitando a la secretaria de Justicia que se proceda a investigar los alegados actos de hostigamiento sexual que públicamente se le imputan al alcalde Héctor O'Neill; las circunstancias en que se produjo el llamado acuerdo entre las partes y el origen de los fondos con que se pagó dicha transacción', sostuvo Rosselló a través de un comunicado.
El mandatario añadió que ‘los hallazgos de esa investigación, en la cual se le deben garantizar los derechos a todas las partes, deberán ser remitidos a la Oficina del Fiscal Especial Independiente, para que, conforme el ordenamiento legal, se proceda según corresponda'.
‘El interés público reclama transparencia total en esta investigación y es responsabilidad del Gobierno asegurarse que las investigaciones se realicen correcta y diligentemente, garantizando los derechos de todos los involucrados en esta lamentable situación', concluyó Roselló en el comunicado.
El caso afecta a una empleada del Ayuntamiento y no paso a los tribunales gracias a un acuerdo económico.
Ante el cuestionamiento del gobernador, O'Neill dejó claro que el acuerdo privado para que la querella de hostigamiento sexual no pasara a los tribunales no se pagó con fondos públicos, publicó Elsiglo.com.pa
