Unos 10 millones de niños no comenzaron las clases el lunes en Argentina por una huelga de docentes de 48 horas, la primera protesta nacional en un año que estará marcado por las reivindicaciones salariales y otras demandas de los trabajadores.
Los docentes de los sectores privado y público reclaman al gobierno del presidente Mauricio Macri una negociación salarial nacional -y no provincial- que contemple un aumento de 35% de los salarios, al entender que desde al año pasado han sufrido una fuerte depreciación de sus ingresos por efecto de la inflación.
"Por los datos que hemos recibido la medida viene muy fuerte", dijo a la radio La Red Mirta Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, uno de los sindicatos más combativos de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país.
La gremialista destacó "el malestar muy profundo" de los profesores por la oferta oficialista de un aumento de 18% en cuatro tramos actualizables por la inflación y anunció que el martes volverán a reunirse los gremios para ver los pasos a seguir.
Macri lamentó en tanto que "muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través del paro" al subrayar que durante décadas se ha probado que con ese tipo medidas "el resultado fue cero" y dijo estar dispuesto a dialogar.
El mandatario de signo conservador inauguró el ciclo lectivo en una escuela primaria de la localidad de Volcán, en la provincia de Jujuy, que en enero fue arrasada por un alud de barro. En ese distrito norteño muchas escuelas cumplen el paro.
Roberto Baradel, titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acusó al mandatario de "tapar el sol con la mano" y le reclamó "un salario digno para los docentes", quienes tradicionalmente reciben bajos sueldos.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, del mismo signo político que el nacional y el capitalino, anunció que descontará el día a los docentes que no concurran a trabajar.
Los sindicalistas critican la decisión oficialista de desactivar este año la negociación de los salarios a nivel nacional, lo que -según sostienen- atenta contra la ley e impide un acuerdo sobre el salario mínimo que servía como piso para las discusiones salariales en cada una de las provincias.
