Integrantes de la Coordinadora Victoriano Lorenzo, marcharon este martes; para exigir al gobierno la legalización de tierras y el cese de desalojos forzosos en la Ciudad de Panamá.
La organización, que aglutina a 22 comunidades que viven en asentamientos informales panameños, se movilizó desde el parque Porras hacia el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial; exigiendo el cese de los desalojos forzosos por parte de la policía y del Servicio Nacional de Fronteras.
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Demandan el acceso a viviendas dignas y la legalización de los terrenos, así como el reconocimiento del derecho a la tierra y a la vivienda digna; como universal e inalienable, que el Estado debe garantizar.
Los participantes de la marcha recorrieron las calles pronunciando consignas como “La vivienda es un derecho, no un negocio”; “Abajo las políticas neoliberales”; “Abajo la corrupción”; “Expropiación de tierra ya” y “Exigimos nuestros derechos”.
Marchan en Panamá
Además, señalaron que el Estado debe asegurar el derecho al agua potable, energía eléctrica, seguridad; y todas las condiciones que garanticen soluciones básicas para el hogar.
“En la República de Panamá se violan estos derechos sin explicación, a pesar de que están garantizados para toda la población en la Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 117, en el Código de la Familia en sus artículos 626, 627, 628 y 630; y a nivel internacional en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”; afirmó una publicación de la Coordinadora Victoriano Lorenzo.
Asimismo, argumentan que la negación de estos derechos “se debe a que todos los Gobiernos a partir de inicios de los años 80 decidieron, sin consultar con la población, imponer a la fuerza las políticas neoliberales que permitieron a los banqueros y empresarios; crear empresas privadas inmobiliarias para construir viviendas caras, pequeñas y de muy mala calidad, usurpando las funciones constitucionales del Estado de Panamá”.
El abandono de los Gobiernos en sus obligaciones constitucionales en materia de vivienda, ha llevado a que más de un millón de panameños pobres acumulen viviendas; ya que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) se niega a construir viviendas dignas de interés social para la población en terrenos públicos y con fondos públicos a precios accesibles.
“Todo esto nos lleva a reflexionar, organizarnos de forma disciplinada y prepararnos para la gran batalla contra las políticas neoliberales de pobreza, hambre y miseria hasta lograr el respeto a todos nuestros derechos básicos”; insistió el gremio.
