Las autoridades del estado de Nueva York anunciaron el martes un importante golpe contra la corrupción en el sistema público; con la detención de aproximadamente 66 empleados y ex empleados de la Autoridad de Vivienda.
Este suceso marca un récord en la presentación de cargos federales por soborno en un solo día en la historia del Departamento de Justicia local.
En recientes acciones, la Justicia de Nueva York llevó a cabo una operación dirigida hacia la principal agencia de vivienda social del país; donde se acusó a 70 de sus empleados de soborno, extorsión y adjudicación irregular de contratos.
Durante las maniobras de hoy, la Policía detuvo a numerosas personas en varios estados, incluyendo Nueva Jersey, Connecticut, Carolina del Norte y Nueva York. Estas personas ahora enfrentarán interrogatorios por parte de la fiscalía del Tribunal Sur de Manhattan; que está a cargo de la investigación.
Investigación sobre corrupción en New York
Precisamente, el expediente apunta contra los acusados por “aceptar pagos en efectivo de los contratistas a cambio de la adjudicación de contratos” desde esta agencia pública, encargada de proporcionar vivienda social a precios controlados; en una de las ciudades más caras del mundo. Inclusive, tal es el peso de esta entidad en el Estado que alcanza a 1 de cada 17 vecinos que, de otra forma, no podrían hacer frente a los altos precios del mercado inmobiliario.
Según agregó el fiscal Damian Williams tras las primeras investigaciones, este esquema operó entre 2013 y 2023 -es decir, durante una década-; tiempo en el que los implicados se aprovecharon de los contratos de menor valuación por la reducción de controles que se impuso sobre ellos.
Con el objetivo de acelerar los trámites administrativos relacionados con las labores de renovación en las residencias de los 335 complejos antiguos bajo la gestión del organismo, que suelen experimentar demoras, las autoridades han decidido que los contratos por debajo de los USD 10.000 no requieran pasar por un proceso de licitación.
Sin embargo, este vacío de control permitió a los empleados corruptos hacer negocios propios y exigir cerca de entre el 10 y el 20% de cada contrato, continuó Williams. “Los contratos son relativamente pequeños así que, a veces, los pagos en efectivo son de entre 500 y 2.000 dólares”, explicó en ese sentido.
Gracias a ello, el esquema en su totalidad habría permitido a estas 70 personas hacerse con unos USD 2 millones, que se desprenden de la adjudicación de decenas de contratos sin licitación, por más de 13 millones de dólares.
