Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, ha expresado su preocupación por el «continuo bloqueo ilegal» en los accesos por carretera a la mina Cobre Panamá en el municipio de Donoso, provincia de Colón, y en el puerto internacional de Punta Rincón, según un comunicado difundido este sábado en su cuenta oficial de la red social X.
«Esto ha impedido la entrega de equipos e insumos necesarios para mantener la estabilidad ambiental del sitio, cuyas labores operacionales productivas han cesado y se encuentra bajo Medidas de Estabilidad Ambiental e Integridad de Activos», reza el texto.
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Asimismo, señala que, sin dichos suministros, la gestión ambiental del sitio «pronto se volverá cada vez más difícil» y asegura que podría ocasionar efectos ambientales «potencialmente significativos», si bien no precisa cuáles serían.
En este sentido, recuerda que el 6 de diciembre recibieron una notificación del Ministerio de Comercio e Industrias panameño en la que se les instaba a finalizar las operaciones de extracción, procesamiento, beneficio, transporte, exportación y comercialización, así como las actividades mineras en general. Además, el ministerio pidió que se tomen las medidas y disposiciones que fueran necesarias y razonables para mantener la seguridad de las instalaciones y evitar así daños ambientales, pérdidas o daños dentro del área minera.
«Para que la empresa mantenga el cumplimiento y evite daños ambientales, el camino de acceso a la mina y el puerto internacional deben ser despejados con carácter de urgencia y se debe restablecer el respeto a la ley y el orden», argumenta.
Finalmente, la compañía pide asistencia a las autoridades locales, de conformidad con la legislación nacional y los tratados internacionales, para que se le permita cumplir la solicitud anterior, para la cual es necesario recibir suministros críticos. También reitera su voluntad de «formar parte de la solución y abrir un diálogo constructivo».
Minera Panamá solicitó este viernes al Ministerio de Trabajo del país centroamericano que autorizara la terminación de contratos de más de 4.000 trabajadores «por causas justificadas de carácter económico», en el contexto del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la ley que extendía por 20 años las operaciones de la multinacional canadiense en la mencionada mina de cobre a cielo abierto.
Previamente, hubo una serie de protestas en rechazo al daño ambiental que causaría la actividad de explotación y en defensa de la soberanía de la nación latinoamericana.
