Costa Rica se encuentra inmerso en una profunda crisis de seguridad, una crisis que ha sido provocada por la violencia desatada de los cárteles del narcotráfico.
En medio de este sombrío contexto, informes de expertos que recopiló El Universal, sugieren que el gobierno podría haber entablado conversaciones con los líderes del narcotráfico.
Según fuentes confidenciales con acceso a información privilegiada sobre seguridad, crimen organizado y justicia en Costa Rica; se ha revelado que el presidente Rodrigo Chaves habría tomado la controvertida decisión de iniciar negociaciones con las redes mafiosas costarricenses que tienen vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Estas fuentes, que han compartido esta información bajo el anonimato por razones de seguridad; afirman que se habría solicitado a los representantes costarricenses de los cárteles mexicanos que contribuyeran a reducir la creciente violencia en las calles y a mostrar el fracaso en materia de seguridad, a cambio de continuar con sus operaciones de narcotráfico.
«Nexos» del gobierno de Costa Rica con el narcotráfico
Lo que es aún más sorprendente es que estos contactos con narcotraficantes habrían sido realizados por figuras clave dentro de las estructuras de seguridad costarricenses. Algunas de las cuales ocupan cargos en el gobierno de Chaves. También hay otras que aunque no tienen responsabilidades gubernamentales, tienen conexiones con el mundo del crimen organizado; debido a su trabajo como abogados defensores en casos de delincuencia organizada.
La información obtenida sugiere que se ha generado un ambiente de tensión en el seno del Poder Ejecutivo en relación con la decisión de entablar conversaciones con criminales costarricenses; mismos que actúan como intermediarios para los cárteles mexicanos en el tráfico de drogas desde el sur hacia el norte de América.
Fuentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una entidad independiente del Ejecutivo en Costa Rica; han dejado claro que no están dispuestas a aceptar ningún tipo de acuerdo con criminales.
«Todo esto ocurrió hace más de un año», enfatizó uno de los informantesM señalando que en algunos sectores empresariales se está presionando al gobierno de Costa Rica para que tome medidas destinadas a proteger la industria turística.
«Negociar con el diablo»
Al buscar la versión oficial del gobierno costarricense, El Universal consultó al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora. Este último afirmó que la información sobre las negociaciones no era nueva para él y negó rotundamente que hubiera habido negociaciones con grupos del crimen organizado para mejorar la seguridad.
En cuanto a las críticas sobre la posibilidad de que estas negociaciones equivalieran a un suicidio para el país; Zamora advirtió: «No se puede negociar con el diablo».
Los datos oficiales muestran que el número de homicidios ha seguido aumentando, pasando de 570 en 2020 y 588 en 2021 a 654 en 2022 y 666 hasta la fecha; con proyecciones de alcanzar aproximadamente 900 al final de 2023. La mayoría de estos homicidios se atribuyen al narcotráfico.
