Ante la situación controversial en El Salvador entre el Jefe de Estado de esa nación, Nayib Bukele, y la Asamblea legislativa salvadoreña, este martes es oportuno resaltar las razones y las consecuencias de la disputa entre ambos poderes.
La causa principal de esta polémica es un préstamo de 109 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que solicitó el mandario Bukele para ser destinado a financiar el plan de seguridad Control Territorial, el cual hasta el momento no ha sido aprobado por el Legislativo.
Consecuentemente, el presidente amenazó a los diputados del Parlamento con aplicar un artículo de insurrección para "restablecer el orden constitucional"; luego convocó a una marcha popular y posteriormente ingresó con militares y policías a la sede de la Asamblea, como medidas de presión para exigir una sesión extraordinaria en la que se debatiera la autorización del crédito internacional.
Por su parte la Asamblea Legislativa se mantuvo firme y suspendió indefinidamente la sesión extraordinaria exigida por el mandatario ya que no es correspondiente con el mecanismo constitucional del proceso.
Asamblea Legislativa condena la irrupción y toma militarizada de las instalaciones del Congreso.
Leer más en el siguiente enlace: https://t.co/YOfvPHZwnu pic.twitter.com/axpkHBRATN— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) February 11, 2020
En consecuencia, a través de un comunicado emitido en esta jornada por la Presidencia de El Salvador, se anunció que el Gobierno acataría la decisión de la Sala Constitucional de suspender dicha convocatoria.
Te puede interesar: Evo Morales agradece el respaldo de Bernie Sanders
Ahora bien, el crédito exigido por el presidente no es aprobado hasta ahora, principalmente, por la falta de transparencia en el proceso, por lo que los congresistas solicitan información detallada sobre el manejo de los recursos y presupuestos de la nación.
Entre las causas del desacuerdo, tampoco se puede ocultar el descrédito político existente entre los partidos de oposición y los de Gobierno en el Congreso.
Por otro lado, se ha considerado que la inversión hecha en la seguridad del país ha sido elevada, aunque la cifra de asesinatos continúa siendo alta con aproximadamente unos 30 casos por cada 100.000 habitantes.
Considerando que en El Salvador el índice de pobreza se sitúa alrededor de un 30%, como reflejo de distintos problemas socioeconómicos, seguir invirtiendo decenas de millones de dólares en un proyecto gubernamental de seguridad, no parece ser lo más conveniente, de acuerdo con lo discutido por la Asamblea legislativa de ese país.
Sin embargo, ésta disputa entre poderes parece no acabar todavía, ya que la junta directiva del Congreso anunció que se está considerando una posible interpelación, y la destitución de los ministros que administrarían directamente los recursos del crédito, cuyo fin es modernizar el equipamiento de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas, según el Jefe de Estado.
