La justicia de Perú dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, el encargado el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó este jueves la prisión preventiva; dado que el exmandatario es investigado por el presunto delito de rebelión.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el Poder Judicial informó que la decisión tomada por el magistrado fue al «encontrar fundados elementos de convicción».
La medida acepta la solicitud realizada por el Ministerio Público de Perú de 18 meses de prisión preventiva contra Castillo.
Dieciocho meses de prisión preventiva para el expresidente de Perú
La defensa del exmandatario peruano indicó que apelaría el fallo en su contra. En la víspera vencía el plazo impuesto por la justicia de siete días de detención preliminar; pero la medida fue prorrogada por otras 48 horas para resolver la solicitud de prisión preventiva.
Con respecto al exprimer ministro Aníbal Torres, el Ministerio Público también pidió 18 meses de prisión preventiva; pero el juez determinó comparecencia con restricciones y reglas de conducta.
Juez supremo Juan Carlos Checkley impone 18 meses de prisión preventiva contra expresidente #PedroCastillo, en investigación por rebelión (alternativamente, conspiración por rebelión). pic.twitter.com/DqnLPND2Ka
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 16, 2022
La decisión del juez ocurre en medio de la represión policial contra las movilizaciones que se registran en varias regiones peruanas para demandar la libertad de Castillo. Así como el cierre del Congreso, nuevas elecciones; una Asamblea Constituyente y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Además, sectores de la población se han trasladado en los últimos días hasta las afueras de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en Perú donde se encuentra Castillo para reiterarle su respaldo exigir su liberación.
El pasado 7 de diciembre, Castillo decretó la disolución temporal del Congreso de Perú y convocó a nuevas elecciones para su renovación, la instauración de un Gobierno de excepción, un toque de queda nacional y la reorganización al Sistema de Justicia.
Posteriormente, el Congreso aprobó la tercera moción de vacancia en su contra y juramento a la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, como la nueva mandataria.
